El máximo tribunal determinó la desvinculación inmediata por pérdida de confianza de Mario Lara, Esteban Paiva y Pablo Cabezas, tras acreditarse que utilizaron desarrollos tecnológicos financiados por la institución para ofrecer servicios paralelos de inteligencia artificial a la judicatura de otros países. El caso, que fue derivado al Ministerio Público ante eventuales delitos, provocó la inhabilitación de la ministra Gloria Ana Chevesich.
El pleno de la Corte Suprema confirmó las máximas sanciones administrativas y decretó la destitución inmediata por pérdida de confianza de tres profesionales del Departamento de Desarrollo Institucional (DDI) de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). La resolución del máximo tribunal, según publicó La Tercera, fue adoptada durante la jornada del lunes 31 de agosto de 2026, y afectó de forma directa al exjefe de dicha unidad, Mario Lara, al subjefe Esteban Paiva, y al funcionario Pablo Cabezas. Aunque los trabajadores aún no han sido notificados de forma oficial de la decisión, la determinación del pleno endureció drásticamente el criterio adoptado previamente por el Consejo Superior de la CAPJ.
El origen de este conflicto interno se remonta a fines de 2025, cuando el Consejo Superior de la CAPJ ,integrado por el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, y las ministras Gloria Ana Chevesich, María Soledad Melo, Adelita Ravanales y María Cristina Gajardo, recibió una denuncia anónima sobre eventuales faltas a la probidad en el área administrativa. Ante la gravedad de los hechos denunciados, la instancia designó a la ministra Gajardo como instructora del sumario administrativo. El sumario debió tramitarse bajo estricta reserva de acuerdo con el artículo 20 del reglamento de investigaciones disciplinarias de la CAPJ. Cabe destacar que, debido a su cercanía personal con el principal investigado, Mario Lara, la ministra Chevesich optó por inhabilitarse de todas las instancias del proceso.
Negocios paralelos con inteligencia artificial estatal
La indagatoria de la ministra instructora se centró en el Departamento de Desarrollo Institucional (DDI), el brazo técnico de la CAPJ encargado de evaluar los requerimientos de funcionamiento de los tribunales chilenos. Según lograron acreditar las pesquisas de la ministra Gajardo, el jefe de dicho departamento, Mario Lara, tenía bajo su responsabilidad los proyectos de implementación de inteligencia artificial en el Poder Judicial local. Sin embargo, la investigación administrativa determinó que tanto Lara como Paiva y Cabezas utilizaron el financiamiento de la CAPJ para desarrollar aplicaciones y herramientas tecnológicas que luego ofrecían como un servicio de asesoría paralelo a los poderes judiciales de otros países, entre ellos República Dominicana. Si bien en un comienzo Lara negó sistemáticamente haber asumido este tipo de funciones en el extranjero, los indicios recopilados en el sumario permitieron configurar y acreditar los cargos.
Tras agotar las primeras diligencias, la ministra Gajardo suspendió preventivamente a los tres implicados por un plazo de dos meses en diciembre de 2025 y posteriormente formuló los cargos respectivos. En primera instancia, el Consejo Superior de la CAPJ resolvió aplicar la destitución inmediata de Mario Lara, mientras que para Esteban Paiva y Pablo Cabezas dictó una suspensión de sus funciones por dos meses junto a la apertura de un cuaderno de remoción.
La apelación de la defensa y el endurecimiento del pleno
Frente a las sanciones propuestas, la defensa técnica de los tres funcionarios, asumida por el abogado Alexander Linford, interpuso un recurso de apelación ante el pleno de la Corte Suprema buscando revertir la medida. Según lo publicado por Radio Bío-Bío, los profesionales argumentaron que la remoción era injusta y que los hechos investigados no vulneraban ninguna normativa funcionaria. “Se nos ha propuesto la remoción injustamente, sin que hayamos transgredido norma alguna que prohíba el uso de nuestras capacidades intelectuales en un espacio académico extranjero, sin emplear recurso institucional alguno”, sostuvieron los recurrentes, acusando además que el sumario se desarrolló vulnerando las normas de debido proceso administrativo contempladas en la Constitución.
No obstante, el pleno de la Corte Suprema desestimó de plano los descargos de la defensa y optó por aplicar el máximo rigor de la potestad disciplinaria, determinando que los tres involucrados debían ser destituidos de forma inmediata por pérdida de confianza. Junto con la sanción administrativa, la ministra María Cristina Gajardo derivó formalmente los antecedentes acumulados al Ministerio Público, al estimar que tras las conductas e irregularidades detectadas en el sumario podrían configurarse hechos constitutivos de delitos penales.
El fantasma de los autos Lexus y la crisis en la CAPJ
Esta profunda crisis institucional en el órgano administrador del Poder Judicial ocurre en un contexto de alta sensibilidad interna. A junio de 2025, la CAPJ ya acumulaba más de 20 investigaciones administrativas abiertas por diversos hechos. Sin embargo, el principal precedente en la magistratura se remonta a la fallida compra de automóviles de alta gama de la marca Lexus por $1.300 millones de pesos, un escándalo que remeció a la Corte Suprema y derivó en un sumario instruido por la ministra María Soledad Melo. En dicha oportunidad, el pleno destituyó al entonces director de la CAPJ, Ricardo Guzmán, y al subdirector Zvonimir Koporcic por pérdida de confianza.
Aquel episodio forzó al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, a exigir una reestructuración integral de la corporación administrativa, reduciendo sustancialmente las compras por trato directo, privilegiando las licitaciones a través de la plataforma Mercado Público e implementando un canal de denuncias interno. Desde la remoción de la cúpula original hace dos años, la CAPJ ha operado bajo mandos interinos, manteniéndose hasta la fecha Andreina Olmo como directora suplente y Álex Saravia en el cargo de subdirector interino.
