La concesionaria histórica de la plaza maulina ingresó un recurso de reconsideración ante la Contralora Dorothy Pérez para revertir el oficio de abstención del organismo. La firma denuncia un eventual “perdonazo financiero” por parte de la Superintendencia de Casinos de Juego, que visó un aumento de 165% en la inversión del proyecto de Sociedad de Ríos Claros S.A. sin verificar la procedencia real de más de 10 mil millones de pesos adicionales.
Un complejo escenario administrativo y financiero mantiene suspendido el futuro de la licitación del casino de la capital de la Región del Maule. La empresa Casino de Juego Talca S.A., operadora histórica de la plaza, ingresó un recurso de reconsideración ante la Contralora General de la República, Dorothy Pérez , con el objetivo de revertir la decisión del órgano de control de abstenerse de pronunciarse sobre las presuntas irregularidades cometidas por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) en el proceso de adjudicación de la licencia.
La ofensiva jurídica, liderada por el abogado Pablo Berwart Tudela, apunta a destrabar el Oficio N° 146546-2026 dictado por la Contraloría el pasado 5 de agosto de 2026. En dicha resolución, el ente contralor determinó abstenerse de emitir opinión debido a la existencia de dos recursos de queja pendientes ante la Corte Suprema, estimando que la materia se encontraba judicializada. Sin embargo, la defensa de la concesionaria tradicional califica este presupuesto fáctico como “absolutamente errado”, argumentando que los litigios en tribunales perseguían anular resoluciones previas por aspectos de suelo o plazos, mientras que la denuncia administrativa busca determinar de manera exclusiva si la SCJ cumplió con su obligación legal de verificar la viabilidad y el origen real del financiamiento del proyecto de la competidora Sociedad de Ríos Claros S.A. (vinculada al grupo Dreams).
El origen del conflicto y el aumento de un 165% en la inversión
La disputa escaló luego de que la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara en febrero de 2025 los reclamos de ilegalidad presentados por la concesionaria histórica, validando administrativamente la adjudicación efectuada a Ríos Claros S.A.. En esa sede, la firma tradicional acusó que el emplazamiento propuesto por su competidora correspondía a una zona inundable y de uso restringido para fines agrícolas. Tras el revés judicial, el encargado de asuntos corporativos de Casino de Talca, Jorge Luis Huguet, advirtió que la contienda ambiental y técnica seguía abierta debido al riesgo de construir sobre un humedal.
Sin embargo, el corazón de la actual presentación ante Contraloría radica en una arista estrictamente económica. El 23 de enero de 2025, mediante la Resolución Exenta N° 97, la SCJ autorizó una profunda modificación al proyecto integral de Ríos Claros, permitiendo que el monto de la inversión aumentara desde un presupuesto original de M$6.069.853 a un total de M$16.089.537, lo que representa un incremento del 165%. Esta modificación económica implicó además un cambio estructural drástico de la obra, pasando de una superficie construida de 7.056 m² a 43.700 m².
La controversia mayor se desató cuando la propia Superintendencia reconoció formalmente, a través del Oficio Ordinario N° 1.559 del 26 de agosto de 2025, que no realizó ninguna nueva evaluación sobre la fuente, el origen o la suficiencia de los recursos financieros destinados a cubrir los más de 10 mil millones de pesos adicionales. El regulador argumentó que bastaba con que el operador adecuara el monto de la boleta de garantía para autorizar la modificación.
Frente a esto, el abogado Berwart acusa una confusión conceptual grave entre las funciones de fiscalización: “Garantía de cumplimiento y financiamiento son conceptos jurídicos y económicos distintos”. En el escrito se subraya que la fianza asegura las consecuencias de un eventual incumplimiento, pero no acredita bajo ningún aspecto la existencia real o la procedencia del capital para ejecutar las obras. “La garantía de cumplimiento no sustituye la capacidad financiera de cumplimiento”, sostiene la reposición.
Eventual “doble estándar” del regulador y precedentes de Contraloría
La denuncia administrativa incorpora un cuestionamiento sustantivo respecto del comportamiento de la SCJ frente a otras licitaciones del mismo grupo económico. Según detalla la presentación, la Superintendencia aplicó un criterio estricto en los procesos de Chiloé y Coyhaique, donde rechazó de plano las estructuras financieras de Dreams porque se fundaban en simples “cartas de intención” sujetas a condiciones de mercado. En contraste, para la plaza de Talca el regulador admitió una estructura apoyada en una futura emisión de bonos de Larraín Vial, cuya materialización también se encontraba completamente condicionada a la obtención del permiso de operación.
Esta aparente flexibilidad administrativa colisiona con el propio Informe Final N° 600/2022 de la Contraloría General de la República, emitido en marzo de 2025. En dicha auditoría, el ente fiscalizador constató severas debilidades en el proceso de revisión de fondos de la SCJ y determinó de forma categórica que las cartas de intención bancarias son insuficientes porque solo reflejan posibilidades futuras y no certezas de capital.
Por todo lo anterior, Casino de Juego Talca S.A. solicitó formalmente a la Contralora Dorothy Pérez adoptar una medida de resguardo de alta intensidad: ordenar a la SCJ que se abstenga de expedir el certificado habilitante para el inicio de operaciones del nuevo recinto de Talca (regulado en el artículo 28 de la Ley N° 19.995 y el artículo 47 del DS N° 1.722) mientras no se ejecute una auditoría exhaustiva y trazable sobre el financiamiento de la totalidad del proyecto modificado. La firma concluye que la medida busca resguardar la legalidad de un negocio que operará de manera excepcional por los próximos 15 años en la región, impidiendo que la certificación consolide un millonario vacío de fiscalización.
Revisa el oficio enviado a Contraloría
