El tribunal dio a conocer la sentencia de 308 tomos en contra de 17 personas, incluyendo a nueve facultativos extranjeros que lideraron una organización delictiva destinada a defraudar más de 31 mil millones de pesos al sistema público de salud. Mientras los profesionales médicos recibieron severas penas de presidio efectivo, los compradores de los documentos accedieron a penas sustitutivas de libertad vigilada intensiva.
El Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago notificó los detalles de una histórica sentencia de 308 tomos que pone término al juicio oral por el denominado “megafraude de Fonasa”. La resolución judicial condenó a un total de 17 personas —entre ellas, nueve médicos extranjeros— por su participación directa en una compleja estructura criminal dedicada a la emisión masiva y sistemática de licencias médicas falsas entre los años 2020 y 2022.
La investigación penal, dirigida de manera preferente por la Fiscalía Metropolitana Oriente, logró acreditar que los imputados constituyeron diversas sociedades y centros médicos de fachada con el único propósito de emitir y comercializar estos instrumentos de salud. De acuerdo con los antecedentes presentados en el estrado por el fiscal de Alta Complejidad, Álvaro Pérez, y la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, el perjuicio fiscal causado directamente al Fondo Nacional de Salud se cifró en $31.571.798.643 pesos. No obstante, los persecutores advirtieron que el monto real defraudado al erario público podría superar los $50 mil millones de pesos al considerar otras aristas y centros médicos que no fueron objeto de este juicio específico.
El desglose de las penas efectivas y la multa millonaria
En el plano de las sanciones penales, el tribunal de juicio oral resolvió que 11 de los 17 condenados deberán cumplir sus penas corporales bajo el régimen de presidio efectivo. El reproche penal más severo recayó sobre el líder de la organización de médicos, quien recibió la pena más alta del proceso al ser sentenciado a más de 21 años de presidio efectivo. Los restantes facultativos extranjeros que integraban el entramado de salud informal recibieron penas de 16, 15, 13 y 10 años de cárcel, todas de carácter efectivo.
Uno de los casos detallados en la sentencia judicial corresponde al del médico Samir Enrique Rivaldo Hernández, imputado por la emisión de cerca de 16 mil licencias médicas falsas durante el periodo de operación de la banda. El tribunal condenó a Rivaldo Hernández a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, sumando una multa de $2.566 millones de pesos. A dicha sanción se adicionaron cinco años de reclusión menor en su grado máximo por el delito reiterado de emisión de licencias falsas y otros tres años de presidio menor en su grado medio por el delito de asociación ilícita. En términos generales, la indagatoria acreditó los delitos de emisión de licencias falsas, asociación delictiva, fraude de subvenciones y lavado de activos.
Por su parte, el tribunal concedió el beneficio de libertad vigilada intensiva a seis de los condenados. Según explicó la fiscalía, esta medida sustitutiva se aplicó de forma exclusiva a captadores y compradores de licencias médicas que rechazaron una salida alternativa durante la etapa de investigación y optaron por someterse a las reglas del juicio oral, recibiendo condenas que no superaron los cinco años de presidio.
Confianza pública y un percance en el cierre
Al fundamentar la sentencia, los magistrados del Séptimo TOP de Santiago incorporaron una declaración previa de carácter institucional sobre la trascendencia del juicio para la fe pública. El dictamen enfatizó que las maniobras defraudatorias afectaron directamente el patrimonio del Fondo Nacional de Salud, el cual constituye el patrimonio de todos los chilenos y resguarda a los usuarios más vulnerables del sistema sanitario. En esa línea, el tribunal relevó el rol de la licencia médica como un instrumento fundamental de seguridad social, advirtiendo que este tipo de fraudes criminales termina por restar financiamiento estatal a prestaciones de salud indispensables para la ciudadanía.
La fase final del proceso penal, que se había extendido desde el inicio de las audiencias el 15 de julio de 2025, registró además una inesperada contingencia judicial en los pasillos de la judicatura. En el cierre de la redacción del fallo se constató la inhabilitación voluntaria de una de las juezas titulares del tribunal de juicio oral, situación que se desencadenó a propósito del proceso disciplinario que la magistrada enfrenta ante el pleno de la Corte Suprema por haber viajado al extranjero haciendo uso de un permiso de salud. Con la notificación de las penas efectivas y las multas de beneficio fiscal, la histórica causa por el mayor fraude previsional de la salud pública entra en su fase de recursos de nulidad ante los tribunales superiores de justicia.
