El sondeo de fines de agosto muestra un retroceso histórico en la confianza ciudadana hacia la judicatura, donde un 82% percibe que el sistema no asegura la igualdad ante la ley. En tanto, los jueces asumen el mayor nivel de críticas por el funcionamiento del sector, mientras el revés judicial al “Plan Cancerbero” en Talca profundiza el descontento.
La última encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la cuarta semana de agosto de 2026, develo una profunda crisis de confianza y legitimidad que atraviesa el sistema de justicia en el país. De acuerdo con el estudio, el 75% de los consultados evalúa de manera negativa la gestión del Poder Judicial —institución encabezada por la ministra Gloria Ana Chevesich—, lo que representa un marcado incremento de 9 puntos porcentuales respecto de las mediciones de 2024.
El desglose de los atributos del sistema de justicia penal evidencia un severo cuestionamiento a los pilares de la magistratura. Un 83% de los encuestados manifestó que el sistema no le genera confianza y un 82% estima que la institución no asegura la igualdad ante la ley. Asimismo, el carácter de la judicatura frente a factores externos es duramente evaluado: un 81% percibe que el sistema no es imparcial y es vulnerable a la influencia de los sectores más poderosos, mientras que un 61% le resta una completa autonomía de funcionamiento. Respecto a su funcionamiento diario, el 79% cuestiona la transparencia de sus procedimientos y un 77% desestima su eficiencia.
El rol de los jueces
Este adverso escenario afectó directamente la valoración de los tribunales de alzada. La Corte Suprema registró una fuerte caída en su evaluación positiva (notas 5 a 7), alcanzando apenas un 23% de respaldo, lo que se traduce en una pérdida de 14 puntos porcentuales. En paralelo, las Cortes de Apelaciones retrocedieron 18 puntos, situándose con un 22% de percepción favorable.
Al momento de identificar a los responsables de las fallas operativas de la justicia chilena, la ciudadanía apunta directamente al estrado. Los jueces concentran la mayor atribución de responsabilidad con un 67% de las menciones, anotando un aumento sustancial de 18 puntos respecto al último registro. Bastante más atrás en el listado se ubican los reparos hacia el diseño de las leyes (39%), el rol de la Fiscalía y sus persecutores (39%) y la conducción del Gobierno a través del Ministerio de Justicia (31%).
El revés del “Plan Cancerbero” en Talca
La evaluación del sistema carcelario también experimentó un retroceso. Quienes consideran que el denominado “Plan Cancerbero” representa un cambio real en el sistema carcelario retrocedieron al 45%, frente a un 51% de la población que actualmente lo califica como un “espectáculo comunicacional”.
Este declive se vincula de forma directa con la contingencia judicial en el Maule. El 65% de los encuestados declaró estar al tanto del revés que sufrió el programa luego de que un juez de garantía revirtiera la instrucción del Director Nacional de Gendarmería para trasladar reos de alta peligrosidad al nuevo penal de Talca. Frente a la resolución judicial que bloqueó transitoriamente dicho traslado, el 67% de los chilenos manifestó su desacuerdo con la medida adoptada por el magistrado.
En materia legislativa y de seguridad, la propuesta gubernamental para implementar un nuevo Estado de Excepción divide las preferencias: un 50% se declara de acuerdo con la herramienta siempre que requiera autorización del Congreso y renovación mensual cada 30 días, mientras que el 33% apoya que sea atribución exclusiva del Presidente decretarlo por 120 días.
