La acción penal del organismo, ingresada ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago, apunta a diversas maniobras de desvío y supresión de registros contables ejecutadas bajo la administración del exalcalde Johnny Carrasco. El libelo devela tres complejos mecanismos financieros que habrían permitido la sustracción de caudales públicos fuera de todo control municipal.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal por el delito de malversación de caudales públicos tras detectar un perjuicio fiscal que asciende a los $10.400 millones de pesos en la Municipalidad de Pudahuel. La acción penal, ingresada ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago y dirigida en contra de quienes resulten responsables, detalla una serie de irregularidades y omisiones contables destinadas a eludir el control financiero del erario comunal y permitir la libre disposición de recursos al margen de los fines públicos. Estos hechos se concentran temporalmente entre los años 2015 y junio de 2019, periodo bajo el cual la alcaldía estuvo conducida por el exjefe edilicio Johnny Carrasco, según reveló 24 Horas de TVN
La indagatoria penal, que actualmente se encuentra en manos de la Fiscalía Metropolitana Occidente, describe un esquema estructurado a partir de la manipulación de las partidas presupuestarias y bancarias de la corporación municipal. El libelo del CDE desglosa el perjuicio en tres mecanismos financieros específicos que habrían concentrado las maniobras de sustracción. El primero de ellos se asocia a la partida de abonos en cuenta corriente erróneamente contabilizados u omitidos, mediante la cual se habrían sustraído $3.758.932.389 pesos. Según la presentación del organismo querellante, este método permitió apartar fondos que efectivamente ingresaban a las cuentas bancarias de la sede edilicia, pero que luego eran omitidos de la contabilidad oficial o registrados bajo glosas genéricas para impedir su fiscalización e incurrir en una libre disposición.
A esta operatoria se suma una segunda línea de desvío por más de $402 millones de pesos en el ítem de cargos cuenta corriente no registrados. Estas operaciones financieras correspondientes a los años investigados se adicionaban de manera artificial al saldo bancario general sin encontrarse debidamente registradas en la contabilidad municipal ni contar con antecedentes que justificaran su origen y naturaleza. Finalmente, el organismo de representación estatal apunta al acápite de ingresos contables no abonados en cuenta corriente como el mecanismo de mayor volumen financiero, donde se habría consumado la sustracción de otros $6.300 millones de pesos. De acuerdo con el libelo, estas tres acciones coordinadas impidieron el funcionamiento normal de los sistemas de registro y control financiero del municipio.
Consultada la Municipalidad de Pudahuel sobre el alcance de esta ofensiva legal, desde la corporación enfatizaron que las imputaciones se refieren de manera exclusiva al periodo 2015-2019, remarcando que dicho intervalo es previo a la actual gestión edilicia que asumió funciones en junio de 2021. En esa línea, las autoridades comunales destacaron que desde el inicio de la actual administración han implementado medidas de control interno, tales como la contratación de auditorías externas independientes para revisar la gestión financiera en el municipio, sumándose al mismo tiempo a auditorías financieras de control por parte de la Contraloría General de la República. Este trabajo, indicaron desde el municipio, les ha permitido desarrollar planes de cumplimiento para subsanar brechas y mejorar la gestión interna de la corporación, asegurando que bajo ningún aspecto se han detectado situaciones graves que puedan compararse con los hechos denunciados ante la justicia.
