La fiscalía detalló la trama que involucra a un profesional con 29 años de trayectoria en la administración de justicia, quien habría explotado su acceso a los sistemas del Poder Judicial para alertar a una agrupación criminal de San Bernardo sobre escuchas y allanamientos. El caso, que quedó al descubierto por una jactancia telefónica en un pinchazo policial, abre interrogantes sobre la seguridad de las bases de datos de causas reservadas.
La formalización del ingeniero informático Jaime Inostroza remece los cimientos de la seguridad interna del Poder Judicial. Con una trayectoria funcionaria de 29 años en la institución, el profesional —quien hasta su detención el pasado lunes se desempeñaba en el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago— comparece este viernes ante el tribunal de garantía tras vencerse la ampliación de su detención por tres días solicitada por el Ministerio Público. El caso no solo expone un severo problema de corrupción funcionaria, sino que devela una profunda vulnerabilidad en el resguardo de las resoluciones sobre medidas intrusivas y órdenes de detención dirigidas contra el crimen organizado.
La investigación penal, liderada por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, imputa a Inostroza cargos de cohecho agravado en carácter de reiterado, lavado de activos e infracción al artículo 38 de la Ley 20.000, disposición legal que sanciona con severidad la filtración de información reservada relacionada con causas de tráfico de drogas. Según el diseño procesal del ente persecutor, el informático habría utilizado sus privilegios de acceso al sistema informático judicial para extraer resoluciones críticas y venderlas de forma sistemática a una activa banda de narcotraficantes que opera en la comuna de San Bernardo.
El origen de la indagatoria penal que descabezó esta filtración interna posee un componente fortuito. Los analistas del Ministerio Público detectaron anomalías severas al percatarse de que los blancos de una investigación por narcotráfico en San Bernardo lograban evadir con sospechosa precisión los operativos policiales, demostrando estar plenamente familiarizados con las dinámicas y fechas de los allanamientos y escuchas telefónicas que eran autorizadas por los magistrados.
El hito que despejó las dudas ocurrió durante el monitoreo de un pinchazo telefónico a la agrupación delictiva, oportunidad en la que uno de los líderes de la banda se jactó explícitamente de poseer un “topo” en el Poder Judicial que los alertaba oportunamente de cada movimiento de las policías. A partir de ese dato, las pesquisas conjuntas permitieron realizar la trazabilidad de las consultas de los sistemas informáticos, apuntando las sospechas directamente hacia las credenciales de Jaime Inostroza. Durante el allanamiento de su residencia a comienzos de la semana, la policía incautó un computador y dos teléfonos celulares, elementos que están siendo periciados para establecer la magnitud de la información comprometida.
Frente a la gravedad de los antecedentes ventilados en el estrado, el control de la detención de Inostroza fue validado el pasado martes. En dicha instancia, el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, destacó ante la judicatura que el procedimiento se ajustó rigurosamente a las formalidades legales. Sin embargo, la estrategia de la defensa técnica, asumida por el abogado Tufit Bufadel, apuesta a desvirtuar las imputaciones y ha manifestado que su representado sostiene una postura de absoluta inocencia. Según detalló el defensor, el imputado cuenta con explicaciones “absolutamente serias y verosímiles” respecto de las operaciones de acceso que sustentan la querella y que serán expuestas formalmente en el debate de medidas cautelares.
De forma paralela al curso de la persecución penal, el caso ha provocado una inmediata reacción administrativa en la magistratura de alzada. La Corte de Apelaciones de Santiago instruyó la apertura de una investigación sumaria disciplinaria y ordenó la interposición de una querella criminal en contra de Inostroza para esclarecer la existencia de fallas en los protocolos de control del Tercer TOP, un paso necesario para determinar si el ingeniero actuó en solitario o si la red de filtraciones alcanza a otros estamentos de la administración de justicia de la capital.
