Tras el aterrizaje en Santiago de “El Turko” y “El Gocho” bajo un fuerte contingente de seguridad, el querellante Juan Carlos Manríquez delineó la estrategia judicial frente a los dos miembros del Tren de Aragua. El objetivo de la representación de la víctima es que los imputados colaboren con la fiscalía para esclarecer la autoría intelectual del secuestro y homicidio del exmilitar venezolano.
La contraofensiva judicial en el caso del asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda sumó un hito clave con el retorno de dos de los sospechosos más buscados por la justicia chilena. Sin embargo, a diferencia del habitual foco centrado exclusivamente en la logística penitenciaria, la representación jurídica de la familia de la víctima ha optado por un diseño estratégico de carácter procesal que apunta directo al fondo de la indagatoria dirigida por el Ministerio Público.
El abogado querellante de la familia Ojeda, Juan Carlos Manríquez, manifestó que la llegada de los imputados abre una ventana de oportunidad sustantiva para la causa. Para el jurista, la gravedad del caso y la red de influencias que rodea al crimen exigen un camino que incentive a los detenidos a entregar antecedentes reales sobre la planificación de la operación. En este sentido, Manríquez adelantó que la querella apostará por las herramientas que ofrece el sistema procesal penal chileno para que los involucrados entreguen antecedentes determinantes. “Esperamos que, contando con garantías, una justicia abierta y todo tipo de beneficios, puedan optar por descargar su conciencia y entregarnos la información que falta en este puzzle”, expresó el penalista, al canal 24 Horas de TVN, agregando que el testimonio de ambos sospechosos podría aportar “información muy valiosa para el continente”.
La arremetida del querellante se conoció en paralelo al estricto despliegue de seguridad con el que la Policía de Investigaciones (PDI) y la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Chile materializaron la extradición de los requeridos. Adrián Rafael Gámez Finol ,también individualizado en los registros oficiales como Rafael Enrique Gámez Salas, alias “El Turko”, y Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias “El Gocho”, arribaron al país este viernes a bordo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) que aterrizó en la losa del Grupo 10 de la institución. El periplo, coordinado con agencias de seguridad extranjeras, se inició en Washington, Estados Unidos, e incluyó una escala técnica en Bogotá, Colombia, para concretar la custodia de ambos reos. Ambos imputados serán recluidos de inmediato en un recinto penitenciario de alta seguridad para asegurar su comparecencia ante los tribunales del estrado.
Los roles de la cúpula de “Los Piratas” en el secuestro y posterior inhumación
Las pesquisas que sustentan las órdenes de detención del Ministerio Público atribuyen funciones diferenciadas y de alta relevancia a cada uno de los extraditados en la estructura que perpetró el crimen en febrero de 2024. En el caso de “El Turko”, capturado originalmente el 30 de diciembre de 2024 en territorio estadounidense, la fiscalía lo sitúa como uno de los líderes de “Los Piratas”, una peligrosa célula del Tren de Aragua que opera de manera permanente en Chile. Los investigadores estiman que Gámez Salas no participó de manera material o presencial en el secuestro del exteniente, sino que desempeñó un rol de liderazgo y coordinación logística fundamental para el éxito de la operación criminal, la cual de acuerdo con los antecedentes de la causa habría sido ordenada desde el régimen de Nicolás Maduro. Además, el Ministerio Público mantiene una línea investigativa abierta contra el mismo imputado por su eventual vinculación con el homicidio del carabinero Emmanuel Sánchez, registrado en Quinta Normal en abril de 2024.
Por su parte, “El Gocho”, arrestado por la policía colombiana en febrero de 2025, es sindicado por la fiscalía como uno de los principales controladores y cabecillas de la toma de terreno Santa Marta, ubicada en la comuna de Maipú. Su vinculación penal se asocia directamente a la fase de ocultamiento del cuerpo de Ojeda, específicamente en la inhumación ilegal del cadáver al interior del citado asentamiento irregular, del cual ejercía dominio territorial junto a otros brazos operativos de la megabanda transnacional.
La resolución de estas extradiciones reactiva judicialmente uno de los episodios de mayor impacto político e institucional de los últimos años. La trama del caso se remonta a la madrugada en que un grupo de desconocidos irrumpió en el departamento del exmilitar disidente en la comuna de Independencia, simulando ser funcionarios de la Policía de Investigaciones mediante el uso de vestimentas falsas para concretar su secuestro. Tras intensas búsquedas, el 1 de marzo de 2024 los detectives hallaron el cuerpo sin vida del exteniente al interior de una maleta, sepultado bajo cemento en una fosa de 1,4 metros de profundidad cavada en el sector de Maipú controlado por Carrillo Ortiz. Con el arribo de los sospechosos, el Juzgado de Garantía de Santiago deberá fijar las audiencias respectivas para la formalización de cargos y la discusión de las medidas cautelares de rigor, abriendo una fase procesal decisiva para dilucidar la autoría intelectual del crimen.
