El gremio judicial recurrió a los tribunales del trabajo acusando vulneraciones graves a la honra, discriminación y afectación a la intimidad de los afectados. La inédita acción judicial busca frenar los efectos de los expedientes disciplinarios justo antes de que el máximo tribunal inicie la ronda de alegatos reservada, programada para la próxima semana.
La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM) concretó una inédita contraofensiva jurídica frente a la Corte Suprema al ingresar una denuncia por tutela laboral en los tribunales del trabajo. La acción legal apunta directamente contra la decisión del pleno del máximo tribunal de abrir cuadernos de remoción en contra de 58 jueces que habrían incurrido en supuestas faltas a la probidad al viajar al extranjero mientras se encontraban haciendo uso de licencias médicas.
La presentación judicial, patrocinada por los abogados Romina Urzúa, Claudio Fuentes y Ariel Rossel, se interpuso en representación del gremio que encabeza la jueza de garantía Mariela Hernández. Según detallaron los requirentes, de la totalidad de los jueces que enfrentan la posibilidad de ser removidos de sus cargos por este motivo, un total de 30 son miembros activos de la ANMM. El libelo busca el restablecimiento y reparación de cuatro derechos fundamentales que el gremio considera conculcados en el marco de la relación laboral que mantienen con el Estado: el derecho a la honra, el derecho a la vida privada, el derecho a la no discriminación y la garantía de indemnidad laboral, como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva.
Los descargos por la reapertura de causas y la exposición pública
Uno de los principales argumentos plasmados en la demanda apunta a que la Corte Suprema vulneró la honra de los asociados al reabrir administrativamente debates que ya se encontraban completamente resueltos. De acuerdo con la ANMM, las conductas bajo sospecha ya habían sido conocidas, tramitadas y resueltas mediante procedimientos disciplinarios definitivos y ejecutoriados ante las respectivas cortes de apelaciones del país. El gremio fustiga que la reapertura de estos expedientes se haya ordenado más de un año después de concluidos los procesos originales.
Asimismo, los reclamantes denuncian que la ofensiva disciplinaria se ha desarrollado bajo una intensa exposición comunicacional en la que se difundió un listado catalogando de manera generalizada a los profesionales como “jueces con licencias médicas fraudulentas”. A juicio de la asociación, esta difusión pública cuestiona sin fundamentos la idoneidad profesional de funcionarios que poseen largas trayectorias en el Poder Judicial y que históricamente han sido calificados en lista sobresaliente o de mérito por su desempeño.
La demanda también acusa una grave afectación a la esfera de la vida privada e íntima de los magistrados debido a la divulgación de antecedentes médicos reservados. En materia procesal, el libelo acusa discriminación argumentando que el pleno de la Corte Suprema sometió a los involucrados a un procedimiento excepcional que carece de cualquier garantía procesal mínima. Los representantes de la ANMM recalcan que la situación reviste una urgencia extrema, dado que expone a los denunciantes a la pérdida de sus cargos, amenazando la inamovilidad y la independencia judicial de todo el escalafón primario.
El cuestionamiento reglamentario y las peticiones del gremio
En el plano estrictamente normativo, la acción judicial sostiene que las resoluciones del pleno de la Corte Suprema prescindieron por completo de las reglas de procedimiento vigentes contempladas en los artículos 40 y 41 del Acta Número 108-2020 de la propia corporación. En su lugar, el gremio acusa que el máximo tribunal se limitó a invocar de manera general las potestades correctivas del artículo 80 de la Constitución, omitiendo entregar fundamentos jurídicos que justificaran por qué se ignoraba la aplicación de su propio reglamento disciplinario activo.
Frente a estas presuntas irregularidades, la ANMM planteó al tribunal del trabajo una serie de peticiones de reparación. En primer término, solicitan la creación de una comisión mixta integrada por el gremio y representantes del Poder Judicial para redactar una propuesta de reforma legal y constitucional orientada a regular las atribuciones disciplinarias de la Corte Suprema bajo estándares internacionales de debido proceso. Adicionalmente, piden ordenar que quien presida la Corte Suprema deba dar cuenta pública el primer día hábil de marzo sobre las dificultades, vacíos y aplicación de estas atribuciones correctivas, junto con condenar al máximo tribunal al pago de las costas del juicio.
El telón de fondo y el inicio de los alegatos en la Suprema
La ofensiva de la asociación gremial se cruza directamente con el cronograma que el máximo tribunal ya diseñó para resolver el fondo de los cuadernos de remoción. Mediante una resolución firmada por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich Ruiz, y otros 14 ministros, el pleno fijó el inicio de la vista de las causas disciplinarias para el próximo miércoles 2 de septiembre.
Los alegatos, que se agruparon bajo el rol AD-803-2025, se desarrollarán de manera diaria y bajo un régimen de estricta reserva técnica debido a la naturaleza de los datos de salud expuestos en las carpetas. Las audiencias comenzarán a las 10:30 horas y contemplan un tiempo de media hora para que cada defensa exponga sus reparos ante el estrado, manteniéndose el derecho a suspender la vista de la causa.
La contienda disciplinaria se ha transformado en uno de los focos de mayor tensión interna en los tribunales chilenos. Mientras la directiva de la ANMM recurre a la justicia laboral para frenar el proceso, diversos magistrados han emprendido caminos individuales. Es el caso del juez de familia de Antofagasta, Jorge Saavedra, quien logró que el Tribunal Constitucional acogiera a trámite su inaplicabilidad y suspendiera temporalmente su cuaderno de remoción. En el plano internacional, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, ya había remitido una comunicación formal manifestando su preocupación ante la falta de una instancia de apelación frente a las eventuales destituciones que resuelva el pleno de la Corte Suprema, un debate institucional que a partir de ahora también se ventilará en la sede del trabajo.
