La Fiscalía Supraterritorial lidera la primera gran indagatoria contra un ex persecutor desde su creación, apuntando a una supuesta estructura dedicada a ingresar miles de millones al sistema financiero formal a través de una casa de cambio. Mientras el tribunal autoriza el rastreo de sus cuentas y de una decena de implicados, el abogado descarta cualquier nexo delictivo, asegura que su rol en la firma es de mero accionista minoritario y califica las cifras de la fiscalía como totalmente erróneas.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de la Fiscalía Supraterritorial y autorizó el levantamiento del secreto bancario del exfiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Ñuñoa, Providencia y La Reina, Vinko Andrés Fodich Andrade. La medida de intrusión financiera, decretada bajo reserva, alcanza también a otra decena de personas naturales y apunta a requerir información detallada sobre unas 30 personas jurídicas vinculadas a la causa. El procedimiento se enmarca en una compleja investigación penal por el delito de lavado de activos de alcance nacional y transfronterizo, constituyendo la primera causa de crimen organizado que indaga a un abogado por su presunta participación directa en una red delictiva desde la puesta en marcha de la fiscalía especializada liderada por Miguel Ángel Orellana.
El foco de la sospecha del Ministerio Público se concentra en las operaciones de la empresa Change Panda SpA —también denominada Panda SpA—, una casa de cambio constituida formalmente el 19 de noviembre de 2020 ante la Sexta Notaría de Santiago. El capital inicial de la sociedad ascendió a $200 millones de pesos, estructurado con un 40% de participación del empresario chino Tao Jiang ($80 millones), un 40% del empresario chileno Luis Alfredo Muñoz Morales ($80 millones) y el 20% restante en manos de Fodich ($40 millones). Aunque la firma nació con un objeto social sumamente amplio que la habilitaba para realizar remesas, transacciones internacionales, leasing, corretaje de propiedades y asesorías legales, la fiscalía sospecha que la sociedad funcionó como el eje neurálgico para el blanqueo de capitales de una organización delictiva de mayor envergadura.
De acuerdo con los antecedentes de la investigación, las alertas del sistema financiero se encendieron tras detectarse depósitos en efectivo que totalizan $5.790 millones de pesos asociados a los principales integrantes de la sociedad. A esto se sumó el rastreo de una multiplicidad de sociedades comerciales mediante las cuales la presunta red criminal habría realizado transferencias cruzadas y trianguladas por un monto superior a los $4.000 millones de pesos. La hipótesis que maneja la Fiscalía Supraterritorial apunta a que la organización utilizaba estas empresas cambiarias para captar el dinero en efectivo de origen ilícito, fragmentarlo y moverlo entre cuentas corrientes para darle apariencia de legalidad, para finalmente integrarlo al circuito bancario formal mediante diversas inversiones.
En el plano estrictamente legal, la situación del ex persecutor abre un debate sobre los límites de las garantías de la profesión. Si bien los abogados en Chile se encuentran amparados por el secreto profesional en el ejercicio de sus funciones, la fiscalía argumenta que dicha protección no es aplicable en este caso, debido a que Fodich posee una participación de propiedad directa y un beneficio pecuniario en las empresas que integran el entramado investigado. Asimismo, la causa reactiva la discusión internacional sobre la necesidad de incorporar a los profesionales de las leyes dentro de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), un listado de control que hoy integran 55 sectores en el país pero que aún excluye a los juristas.
La defensa de Fodich
Tras ser consultado por la Unidad de Investigación de Bío Bío, Vinko Fodich rechazó de manera categórica las sospechas penales que pesan en su contra y descartó tajantemente cualquier vinculación con redes delictivas. “Rechazo absolutamente la imputación. No formo ni he formado parte de ninguna asociación criminal. Todos mis ingresos son fruto de mi trabajo”, enfatizó el abogado a Biobio Investiga
Respecto a su vínculo con la casa de cambio bajo la lupa judicial, Fodich argumentó que su rol se restringe al de un inversionista pasivo, sin injerencia en las decisiones cotidianas ni en el control de las operaciones monetarias de la firma. “La empresa Panda es una empresa que cambia divisas, de la cual yo soy accionista minoritario. No tengo la representación legal, no tengo la administración ni tampoco tengo su gestión”, detalló para desmarcarse del control operativo.
El ex persecutor también dirigió sus cuestionamientos hacia el sustento técnico y contable que dio origen al alzamiento de sus cuentas bancarias, asegurando que las cifras presentadas por la Fiscalía Supraterritorial ante el Séptimo Juzgado de Garantía carecen de rigor técnico. “El monto que se menciona es un monto que está absolutamente distorsionado, equivocado, producto de un deficiente análisis que pretendo aclararlo a la brevedad en el Ministerio Público”, sostuvo Fodich, manifestando su disposición para comparecer ante el fiscal Miguel Ángel Orellana con el fin de desvirtuar las sospechas y precisar el flujo real de sus cartolas financieras.
La ofensiva de la fiscalía especializada coincide con una semana de alta exposición pública para Fodich en los tribunales del norte del país. El abogado lideró la defensa penal de uno de los imputados pertenecientes al denominado “clan Chen” organización transnacional de origen chino investigada por defraudar más de 180 millones de dólares a jubilados en Estados Unidos e ingresarlos de forma ilícita a Chile, logrando que el Juzgado de Garantía de Iquique acogiera su reclamación y ordenara a Gendarmería retrotraer de manera inmediata el traslado de su representado hacia el nuevo penal de Talca, disponiendo su regreso a la cárcel de Alto Hospicio.
