El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó las cautelas de garantías solicitadas por los representantes de Miguel Ángel Calisto, Hugo Gutiérrez y Darío Calderón. El tribunal validó la postura del Ministerio Público para preservar la reserva de seis meses por lavado de activos y denegó fijar filtros previos a la extracción de datos de los dispositivos incautados, desatando duras críticas de los defensores frente al secreto procesal.
Tras una extensa jornada de alegatos que se prolongó por cuatro horas, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago propinó un severo golpe a la estrategia procesal de las defensas de los imputados en la indagatoria por presuntas coimas e irregularidades en los contratos de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). En una resolución que resguarda las facultades investigativas del Ministerio Público, el tribunal, según reveló Mega Investiga, rechazó las solicitudes de las defensas, validando que la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente acceda sin limitaciones ni filtros previos a la información contenida en los computadores y celulares incautados la semana pasada.
El debate judicial evidenció que la causa, liderada por la fiscal adjunta de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, mantiene una arista penal de alta complejidad que incluye la imputación del delito de lavado de activos. Este encuadre jurídico es el que faculta legalmente al ente persecutor para imponer una reserva total y obligatoria de la carpeta investigativa por un lapso de seis meses. Las defensas de los involucrados acudieron al tribunal mediante audiencias de cautela de garantías para intentar forzar el acceso a los antecedentes recopilados y restringir el peritaje digital, topándose con la férrea oposición de la persecutora.
Tras la audiencia, la fiscal Constanza Encina valoró el pronunciamiento judicial, confirmando que la decisión del tribunal se alineó con la doctrina del Ministerio Público respecto a la dirección de las pesquisas. “Las defensas querían, de cierta forma, no solo acceder al contenido de una investigación que en este momento se encuentra bajo una reserva legal estricta que dispone la ley de lavado de activos, a la cual, por cierto, nos opusimos, sino que también, y principalmente, querían, de alguna forma, que se limitara el acceso a la revisión de la evidencia que fue incautada”, detalló la fiscal. Encina puntualizó que “es el Ministerio Público el que debe cerciorarse de que aquella información que sea pertinente y útil ingrese a la carpeta de investigación”, mostrándose satisfecha de que “vamos a poder realizar la investigación conforme a los criterios que utilizamos, vamos a poder acceder a aquello que necesitamos, y eso es lo que nosotros queríamos”.
La resolución de la magistrada encendió las alarmas entre los abogados defensores, quienes cuestionaron con dureza la asimetría de información que impone el secreto de la causa luego de haberse ejecutado masivos allanamientos. El cuestionamiento más severo provino del abogado Samuel Donoso, representante del abogado Darío Calderón, quien calificó la situación como anómala para el orden constitucional. “Aquí estamos frente a una investigación donde las defensas no pueden conocer absolutamente nada. Les allanaron las casas, les allanaron las oficinas, les incautaron los teléfonos, les incautaron los computadores, y no sabemos nada de por qué se les acusa, nada, absolutamente nada”, reclamó Donoso ante los medios. El jurista enfatizó que un escenario procesal de este tipo “no es propio de un Estado democrático de derecho”, llegando a comparar las dinámicas de persecución penal del Ministerio Público con fallos del caso ProCultura en Antofagasta que, a su juicio, “nos recuerda otros tiempos de nuestro país, otros tiempos oscuros”.
Una postura distinta, aunque igualmente crítica respecto de las garantías, adoptó el abogado Diego Ibáñez, quien asumió la representación del exdiputado Hugo Gutiérrez. Si bien Ibáñez tomó distancia de las analogías históricas de su par —calificando la alusión de Donoso como “desproporcionada debido a que estamos hablando de violaciones a los derechos humanos graves, que en muchos casos constituyen delitos de lesa humanidad, y estamos un poco lejanos a eso”—, concentró su reclamo en la protección del secreto profesional de su representado, quien ejerce activamente como abogado. “En ningún caso se intentó limitar el acceso a la evidencia que pueda llegar a tener la Fiscalía respecto a los delitos que se están investigando”, aclaró Ibáñez, precisando que la solicitud de cautela pretendía resguardar las comunicaciones confidenciales de Gutiérrez con clientes totalmente ajenos a la trama de Junaeb.
Asimismo, Ibáñez expuso una anomalía en la notificación de las medidas intrusivas, señalando que hasta el día de la audiencia Gutiérrez no había tenido acceso a la resolución judicial que decretó la incautación de sus equipos por parte de la PDI. “El abogado Gutiérrez no ha accedido en ningún momento a la resolución que dispuso que él tenía que entregar sus dispositivos cuando se presentó ante la Policía de Investigaciones. Tampoco le hicieron saber el contenido de la resolución, no se la mostraron hasta el día de hoy”. Según expuso el defensor, fue precisamente en la audiencia de cautela de garantías del miércoles donde tomaron conocimiento de que la indagatoria incorporaba formalmente cargos por lavado de activos. “No sabemos qué contiene esa resolución y qué delitos o qué hechos están investigando respecto de él. Recién hoy nos enteramos que hay un delito de lavado de activos que instituye el secreto de toda la carpeta investigativa por seis meses”, concluyó Ibáñez, adelantando que requerirán formalmente copias de los decretos judiciales para organizar su defensa técnica frente a una causa que seguirá avanzando bajo estricto sigilo.
