La alumna de primer año de Ingeniería, quien destacó con 975 puntos en la PAES de matemáticas, fue detenida en flagrancia tras publicar una amenaza contra el Departamento de Ciencias de la Computación. Pese a que la defensa alegó un reto de “verdad o desafío” en un círculo privado, los algoritmos de la empresa Meta alertaron de inmediato a la PDI, gatillando una persecución penal que arriesga penas de presidio.
El Juzgado de Garantía de Santiago decretó las medidas cautelares de firma quincenal, arraigo nacional y la prohibición absoluta de acercarse al Departamento de Ciencias de la Computación (DCC) de la Universidad de Chile en contra de Carolina Bruna (19), estudiante de primer año de la carrera de Ingeniería Civil (Plan Común) de la casa de Bello. La resolución, adoptada tras una audiencia marcada por el llanto y el desconsuelo de la joven, validó el procedimiento de detención y formalización de la imputada, liderado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en conjunto con la Fiscalía de San Fernando y la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI). El tribunal estimó que, pese a la irreprochable conducta anterior de la alumna, los hechos revisten la gravedad suficiente para ameritar un control estricto del proceso penal.
La secuencia de hechos se inició la tarde del domingo 23 de agosto, concretamente a las 14:47 horas, cuando la estudiante subió una historia temporal a su red social Instagram bajo la cuenta privada y anónima “OE294B”. El mensaje, redactado bajo una configuración restrictiva que limitaba su visualización únicamente al segmento de sus “mejores amigos”, advertía de forma directa: “El lunes voy a poner una bomba en el DCC. Primer y único aviso”. Sin embargo, la reserva del grupo de usuarios seleccionados por la imputada no impidió que las alarmas corporativas se activaran. El contenido de la publicación gatilló de manera automática los protocolos internos de seguridad de la empresa Meta Platforms, corporación que procedió a reportar la alerta a la unidad de Cibercrimen de la policía civil chilena apenas un minuto después de haberse colgado en la web.
Con la información técnica proporcionada por el gigante tecnológico, que asoció la cuenta a un correo electrónico y una dirección física, los detectives del Cibercrimen lograron identificar la autoría del mensaje y proceder a la detención en flagrancia de la estudiante en su residencia de Santiago, ciudad a la que se había trasladado a vivir sola tras su egreso de enseñanza media en San Fernando. Durante el allanamiento del inmueble, los oficiales incautaron un computador notebook y un teléfono celular, soportes digitales que serán sometidos a peritajes forenses para sustentar la carga probatoria del Ministerio Público.
Durante la audiencia de control de detención, el debate de los intervinientes se concentró en la tipicidad y la real lesividad de la conducta. La defensa de Bruna argumentó que el mensaje carecía de verosimilitud y dolo real de daño, sosteniendo que la publicación correspondía a una mala decisión nacida de una penitencia en el juego de “verdad o reto” (Truth or Dare) acordado con otros compañeros de la carrera universitaria. Para atenuar la severidad de la resolución judicial, la defensa puso de relieve las condiciones académicas y personales de la joven, quien no registra antecedentes penales y obtuvo un destacado rendimiento en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), quedando a solo 25 puntos de alcanzar el puntaje nacional en el examen de matemáticas.
Sin embargo, la magistrada desestimó la tesis del juego inofensivo, advirtiendo directamente a la imputada que el ordenamiento legal no puede obviar el costo social de tales acciones. En su resolución, la jueza remarcó que “aunque sea una broma inmadura, como ha señalado la defensa, o un desafío frente a amigos, sí conlleva un riesgo”, haciendo especial hincapié en el desvío forzado de recursos públicos de seguridad y la alteración de la tranquilidad de las comunidades estudiantiles. En esa línea, el fiscal de la causa, Javier Mayer, advirtió ante el estrado sobre la proliferación de estas amenazas digitales en la capital, aludiendo como contexto inmediato a la formalización realizada el fin de semana contra un estudiante de Derecho de 22 años, cuyas amenazas de tiroteo masivo obligaron a aplicar protocolos de emergencia en los campus de la Usach, la Universidad Diego Portales y la Universidad Alberto Hurtado.
El persecutor del Ministerio Público fundamentó la necesidad de las medidas de firma quincenal y arraigo argumentando que las restricciones no solo buscan asegurar que la imputada comparezca a las citaciones del proceso penal, sino que también pretenden ejercer una función de prevención general frente a la comunidad escolar. Según explicó Mayer, la medida de prohibición de ingreso al DCC busca dar “la debida protección a la ofendida”, constituyendo un impedimento fáctico de reiteración en el mismo recinto donde cursa sus estudios de pregrado. El caso mantiene la atención del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), cuyo vicepresidente ejecutivo, Osvaldo Corrales, señaló que ante la verosimilitud de estas contingencias las instituciones se ven forzadas a reprogramar evaluaciones y migrar temporalmente a clases telemáticas para salvaguardar la vida de sus estudiantes. De ser hallada culpable del delito de amenazas, Carolina Bruna enfrenta una penalidad abstracta que oscila entre los 61 y los 540 días de presidio menor.
