Por nueve votos contra uno, el organismo desestimó el requerimiento que buscaba impugnar el artículo 31 de la megarreforma de reconstrucción por supuesta ajenidad a las ideas matrices. Sin margen para recurrir al veto presidencial, el Ejecutivo evalúa el envío de una ley corta o el eventual examen del precepto en la revisión preventiva obligatoria.
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) rechazó este martes, por una contundente mayoría de nueve votos contra uno, el requerimiento interpuesto por el Gobierno de José Antonio Kast para declarar inconstitucional la norma que consagra la reconexión gratuita de servicios básicos en zonas declaradas bajo estado de catástrofe. El dictamen representa un duro traspié judicial para La Moneda en su intento por neutralizar el artículo 31 del proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, pieza legislativa estructurada para abordar la emergencia habitacional y económica tras los devastadores incendios forestales de enero de 2026.
La disposición visada por la magistratura obliga a las empresas concesionarias de distribución eléctrica, servicios sanitarios y gas a restablecer el suministro, sin cobros adicionales y sin exigir condiciones de pago previas, a clientes residenciales y de menor tamaño que residan en perímetros bajo régimen de excepción. De acuerdo al texto legal, las prestadoras disponen de plazos perentorios de 24 horas para reponer el agua potable y de 48 horas para la electricidad y el gas, arriesgando multas y la obligación de compensar económicamente a los usuarios en caso de incumplimiento.
Durante los alegatos de clausura desarrollados esta mañana ante el tribunal, el abogado representante del Ejecutivo, Joaquín Palma Cruzat, insistió en que el Congreso vulneró el artículo 69 de la Constitución al incorporar una materia de regulación tarifaria totalmente ajena al propósito medular de la iniciativa presidencial. El jurista argumentó ante el pleno que la obligación de reposición inmediata, además de desbordar las ideas matrices del mensaje, ponía en riesgo la vida de las personas al forzar a los equipos técnicos a omitir protocolos de seguridad industrial en zonas de catástrofe.
El requerimiento del Ejecutivo, suscrito por el Presidente de la República junto a los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot; de Obras Públicas, Louis De Grange; y de Energía, Ximena Rincón, fue desestimado por el voto mayoritario de la presidenta de la corporación, María Pía Silva, y de los ministros Daniela Marzi, Nancy Yáñez, Miguel Ángel Fernández, Raúl Mera, Catalina Lagos, Héctor Mery, Marcela Peredo y Alejandra Precht. El único voto disidente en favor de acoger la impugnación gubernamental fue consignado por el ministro Mario Gómez, cuyos fundamentos técnicos se darán a conocer con la redacción definitiva de la sentencia.
La trastienda política y la advertencia del biministro Alvarado
Pese a la frustración de los secretarios de Estado, el desenlace adverso del líbelo no causó sorpresa al interior del Comité Político de La Moneda. De acuerdo con antecedentes del sector, el biministro del Interior, Claudio Alvarado, había alertado explícitamente a sus pares durante la sesión de coordinación del lunes de la semana pasada que el recurso tenía altas probabilidades de ser rechazado. En dicha cita, Alvarado anticipó con exactitud el resultado de nueve votos contra uno, advirtiendo que el argumento técnico de la “ajenidad de ideas matrices” carecía de la densidad jurídica suficiente para revertir el trámite legislativo.
La postura de la oposición, que ingresó un téngase presente ante el TC patrocinado por los senadores comunistas Karol Cariola y Daniel Núñez junto a una decena de legisladores, defendió la plena regularidad constitucional del trámite. Los parlamentarios hicieron presente al tribunal que la indicación en disputa superó un riguroso examen de admisibilidad en el Congreso, siendo evacuada por seis comisiones de trabajo y sometida a cuatro votaciones nominales. En la Cámara de Diputados, la norma fue visada por 80 votos contra 69, mientras que en la Cámara Alta el oficialismo no logró los votos para suprimirla, siendo derrotada la propuesta del Gobierno por 25 votos contra 24.
