La Brigada Anticorrupción de la policía civil y la Fiscalía de San Bernardo irrumpieron en el Centro de Justicia de Santiago y en los domicilios del imputado. La indagatoria arrojó que el administrativo cobraba a agrupaciones delictuales a cambio de alertar sobre medidas intrusivas y causas vigentes de la Ley de Drogas.
A eso de las 9:30 horas de este lunes 24 de agosto, funcionarios de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) hicieron su ingreso a las dependencias del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago, ubicadas en las inmediaciones del Centro de Justicia. La inédita e intrusiva diligencia judicial, coordinada por la Fiscalía Local de San Bernardo, apuntó al corazón de la administración de justicia de la capital. Los efectivos policiales ejecutaron una orden de entrada, registro y detención despachada contra un funcionario administrativo del tribunal, a quien se investiga por su eventual responsabilidad en delitos de cohecho, revelación de secreto y revelación de secreto de la Ley de Drogas, según reveló Mega Investiga
Las sospechas de la fiscalía, liderada por la fiscal Alejandra Vargas, se originaron a partir de una indagatoria penal previa por tráfico de drogas que se tramita en el sector sur de Santiago. En el transcurso de dicha causa contra una banda de narcotraficantes de San Bernardo, los investigadores de la PDI advirtieron una anomalía procesal recurrente: los imputados del caso habían sido alertados previamente sobre las medidas intrusivas que el tribunal de garantía había dispuesto a su respecto. Al tirar de esa hebra, las pesquisas permitieron detectar la existencia de registros de conversaciones directas entre el funcionario del Tercer TOP y diversas agrupaciones delictivas dedicadas al microtráfico y narcotráfico.
Según la hipótesis que sostiene el ente persecutor, el imputado habría estructurado un mecanismo de filtración de información confidencial utilizando los accesos que le brindaba su cargo. El funcionario habría cobrado retribuciones económicas sistemáticas a cambio de entregar antecedentes reservados sobre causas vigentes y advertir sobre la ejecución de procedimientos antes de que estos ocurrieran de manera efectiva en el terreno. Además, las pericias arrojaron que diversos sujetos se contactaban de manera activa con el empleado judicial con el único fin de consultar si determinadas personas figuraban o no en calidad de imputadas en los registros del sistema penal.
El operativo de captura de esta mañana tuvo una particularidad operativa derivada del régimen laboral del implicado. Debido a que el funcionario administrativo se encontraba cumpliendo sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo, su arresto no se pudo materializar en las dependencias físicas de la corte. En la oficina judicial del Centro de Justicia, los detectives de la Brigada Anticorrupción se limitaron a incautar equipos tecnológicos y documentación de interés para la causa. De forma simultánea, equipos especializados de la PDI allanaron dos domicilios vinculados al investigado en las comunas de Santiago y San Bernardo. Fue precisamente en su residencia particular donde se concretó el arresto y la incautación de otros dispositivos de almacenamiento y comunicación.
Tras su captura, el imputado quedó bajo custodia a la espera de ser puesto a disposición de la justicia ordinaria. La fiscal Alejandra Vargas imputará formalmente al funcionario administrativo cargos por cohecho, revelación de secreto y revelación de secreto bajo el marco de la Ley 20.000, en una audiencia de formalización fijada para la jornada de este miércoles. Hasta que no exista una sentencia definitiva dictada por los tribunales competentes, y de acuerdo con las garantías consagradas en el artículo 4 del Código Procesal Penal chileno, rige el principio de presunción de inocencia sobre el imputado.
