El Ministerio Público instruyó diligencias prioritarias a la Bicrim de Castro tras las denuncias presentadas por el propio Liceo Rayen Mapu y la Defensoría de la Niñez. Las pesquisas apuntan a un procedimiento de la Sexta Comisaría por la pérdida de un teléfono móvil, en el cual dos menores de segundo medio habrían sido obligados a desvestirse y realizar ejercicios físicos frente a sus compañeros de curso.
Un complejo escenario administrativo y penal enfrentan los funcionarios de la Sexta Comisaría de Quellón que participaron en un controvertido operativo policial al interior del Liceo Rayen Mapu, ubicado en la provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. El caso, ocurrido el pasado lunes 17 de agosto durante la jornada escolar de la tarde, dio origen a una investigación penal preferente dirigida por el Ministerio Público.
La trama judicial se desencadenó luego de que una docente del establecimiento reportara la sustracción de un teléfono celular ,de propiedad de una de las alumnas, en un aula de segundo medio. En primera instancia, la profesora optó por retener en la sala y dejar sin recreo a cuatro alumnos bajo sospecha. Al no obtener resultados, desde el recinto educacional se solicitó la concurrencia de la policía uniformada.
El detalle de los “excesos” en el procedimiento
De acuerdo con los testimonios recogidos por el fiscal local de Quellón, Fabián Fernández, una vez que el personal de Carabineros ingresó al aula escolar, la acusación se concentró de forma directa en dos adolescentes, procediendo a revisar sus mochilas y a aplicar revisiones corporales frente al resto de los estudiantes que recién retornaban de su recreo.
Los antecedentes de la indagatoria describen que los uniformados habrían incurrido en una serie de “excesos en el obrar policial”. A uno de los jóvenes se le ordenó quitarse el polerón y el calzado, levantándole la polera. En tanto, al segundo alumno ,quien habría confrontado verbalmente a los policías, se le exigió quitarse los pantalones, polera, calzado y polerón. Posteriormente, según detalló la fiscalía, el estudiante fue instruido a efectuar sentadillas en ropa interior en presencia de sus compañeros de curso. La presidenta del Centro de Alumnos del liceo, Kendra Lemus, confirmó que el dispositivo tecnológico supuestamente sustraído nunca fue hallado.
La tipificación penal y las primeras diligencias de la PDI
La gravedad del proceder policial motivó una denuncia formal ante la fiscalía por parte de la Defensoría de la Niñez. El defensor nacional, Anuar Quesille, remarcó que las policías mantienen un “deber reforzado de resguardar la dignidad” de los menores de edad y que la existencia de un procedimiento policial de ninguna manera suspende sus derechos fundamentales.
La presentación judicial del organismo solicita que el Ministerio Público determine si las conductas denunciadas revisten el carácter de “delitos de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y vejación injusta”, sin perjuicio de otras figuras penales que puedan configurarse en el transcurso del proceso.
El fiscal Fabián Fernández decretó que la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Castro de la PDI asuma la tramitación del caso. Los detectives ya procedieron a tomar declaraciones a las víctimas, a los testigos presenciales y a las autoridades directivas del establecimiento, además de oficiar a Carabineros para recopilar la documentación oficial e institucional sobre la planificación y ejecución del procedimiento en la sala de clases. Asimismo, la Defensoría de la Niñez solicitó que los afectados sean derivados de inmediato a la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional de Los Lagos para recibir contención y resguardo.
Flancos administrativos y movilización escolar
En paralelo a la vía penal, el teniente coronel Enrique Gutiérrez Aquea, prefecto de la Prefectura de Carabineros Chiloé-Palena, confirmó la apertura de una investigación administrativa interna para delimitar la existencia de responsabilidades funcionarias. Del mismo modo, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Chiloé comunicó que se encuentra recabando los antecedentes necesarios para ponderar una eventual responsabilidad o falta administrativa de los trabajadores del liceo que presenciaron o visaron el actuar policial.
Por su parte, la comunidad escolar del Liceo Rayen Mapu inició una movilización pacífica bajo la modalidad de “lápiz caído” (abstención de participar en actividades académicas ordinarias) en protesta por la vulneración sufrida por los alumnos de segundo medio, acción que cuenta con el respaldo público del presidente del Colegio de Profesores de Quellón, Jorge Mancilla.
