En una resolución de 23 páginas, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago autorizó levantar la reserva de las cuentas corrientes de los parlamentarios indagados por presunto cohecho en licitaciones de alimentación escolar. El dictamen apunta a un “mecanismo sostenido” de favores políticos y administrativos que habría beneficiado de forma sistemática a la empresa Soser.
El avance de la indagatoria de alta complejidad sobre los contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) escaló al corazón financiero del Congreso Nacional. La magistrada del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Francis Fell, dictó una resolución judicial clave que autoriza el levantamiento del secreto bancario de una quincena de imputados, entre los que figuran de forma prioritaria los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (independiente en cupo de la Federación Regionalista Verde Social), además del ex diputado y ex convencional Hugo Gutiérrez (PC),según reveló información publicada por Mega Investiga
La medida intrusiva, solicitada por la fiscal adjunta de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina Calquin, tiene un alcance temporal amplio: los bancos deberán entregar al Ministerio Público el registro detallado de los movimientos de cuentas corrientes, depósitos a la vista, líneas de crédito e inversiones realizados por los investigados desde el 1 de enero de 2018 hasta la actualidad. El objetivo de los peritos del caso es identificar el origen y destino de las transferencias, los montos de las operaciones y la eventual circulación de vale vistas o cheques vinculados a los ilícitos indagados.
La tesis del “mecanismo sostenido” de coimas
La sospecha de la fiscalía, respaldada provisionalmente por el tribunal, apunta a que la empresa Sociedad de Servicios de Alimentación S.A. (Soser) —proveedora de alimentos de la Junaeb— estructuró un engranaje de corrupción para asegurar su presencia en licitaciones públicas, principalmente en la Región de O’Higgins. Según el escrito judicial, los antecedentes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), registros de WhatsApp y transcripciones de audios dan cuenta de la eventual existencia de un “mecanismo sostenido en el tiempo” para eludir los controles de fiscalización del aparato público.
De acuerdo con la resolución, mediante este esquema “se intercambiaba información reservada, se instruía la ejecución de determinados actos administrativos en favor de un particular, se gestionaba la adjudicación irregular de licitaciones a la empresa investigada y se presionaba para la remoción de funcionarios que desempeñaban funciones de fiscalización”. Todo ello, según la imputación penal, se habría realizado a cambio de beneficios económicos y de índole laboral gestionados por directivos de Soser, lobistas informales y miembros del Congreso Nacional.
El cerco digital y el conflicto por las claves
El alzamiento bancario se ejecutó de manera paralela a los masivos allanamientos liderados por más de 80 funcionarios de la Brigada Anticorrupción de la PDI, quienes ingresaron a domicilios particulares, oficinas de la Junaeb y dependencias de la Cámara Alta en Valparaíso para incautar computadores, soportes digitales de almacenamiento y teléfonos celulares.
Fue precisamente la incautación de estos dispositivos móviles la que generó los primeros roces procesales. Fuentes vinculadas al caso revelaron que los detectives retiraron el teléfono celular del senador Miguel Ángel Calisto, pero sin que este entregara las claves de acceso correspondientes. Los investigadores tomaron contacto telefónico con su defensor, quien optó por no facilitar las contraseñas bajo el argumento de que no correspondía entregar dichos accesos sin conocer previamente los detalles de la carpeta investigativa reservada.
No obstante, la postura de Calisto varió con el correr de las horas. A través de un comunicado público, el parlamentario por la Región de Aysén descartó tener participación en las irregularidades y confirmó que resolvió colaborar de manera activa: “Frente a la solicitud, entregamos de manera voluntaria e inmediata nuestro equipo telefónico y el acceso a las cuentas corrientes porque no tengo nada que ocultar”.
Por su parte, el senador Sergio Gahona también manifestó su disposición a someterse a los requerimientos del estrado. “Estoy tranquilo. He colaborado activamente en esta diligencia, porque soy el más interesado en que esta situación sea aclarada plenamente a la mayor brevedad”, sostuvo el legislador gremialista. Una postura distante a la del ex diputado Hugo Gutiérrez, quien reconoció estar desconcertado frente a las pesquisas penales: “Yo no tengo mucha claridad en realidad sobre lo que está ocurriendo con respecto a esa investigación (…) no tengo conocimiento ni conciencia de qué es lo que me están achacando”.
El origen de la alerta judicial omitida
La arista penal que hoy golpea al Parlamento comenzó a ramificarse a partir de un hallazgo fortuito en la justicia laboral. En enero de 2025, durante una audiencia en el Segundo Juzgado de Letras de San Fernando, la Junaeb fue advertida formalmente por dicho tribunal de que una encargada del programa de alimentación escolar supuestamente obligaba a las manipuladoras a “informar más raciones de las que se preparan a diario” para que los funcionarios se repartieran los excedentes de comida.
Pese a que el tribunal ofició expresamente a la institución el 28 de enero de 2025 para que se investigaran los hechos y se tomaran medidas judiciales, la Junaeb respondió al Ministerio Público que “no existen antecedentes documentales que permitan concluir que dicha investigación se haya ordenado por la autoridad de la época”. Las pesquisas de la fiscalía confirmaron que al menos cuatro funcionarios del área jurídica —entre ellos la exdirectora nacional de Junaeb, Camila Rubio Araya— abrieron y leyeron el oficio judicial en reiteradas ocasiones entre fines de enero y marzo de 2025.
El hecho de que “ninguno de ellos realizó denuncia alguna” ante las policías o la justicia abrió un flanco penal secundario por omisión de denuncia y retardo de servicio. Este es el cuadro judicial que la fiscalía intentará esclarecer mediante la revisión de las cuentas bancarias de los parlamentarios, de los ejecutivos de Soser y de los propios directores de la Junaeb, buscando determinar si detrás del silencio administrativo existió un flujo irregular de capitales.
