La fiscal de Alta Complejidad Constanza Encina indaga una sofisticada red de captura regulatoria y cohecho público-privada diseñada para blindar los contratos de Soser S.A. Con el Congreso Nacional como epicentro de los recientes allanamientos, el ente persecutor rastrea el traspaso de información reservada y las presiones directas contra los equipos de fiscalización en terreno.
Este martes, las dependencias del Congreso Nacional en Valparaíso y la sede central de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) en Santiago fueron escenario de un operativo policial particularmente intrusivo. Bajo las órdenes de la fiscal jefa de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina Calquín, y con la autorización del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, efectivos de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) incautaron teléfonos móviles, computadores y respaldos digitales en oficinas parlamentarias y domicilios particulares distribuidos en múltiples comunas del país. Los procedimientos marcaron un punto de inflexión en una causa que originalmente se abrió en mayo pasado por presuntas irregularidades operativas en la Región de O’Higgins.
El mecanismo de la captura regulatoria
Según los antecedentes que hoy sostiene el Ministerio Público frente al tribunal, la investigación penal avanzó mucho más allá del cumplimiento de las minutas alimentarias. La fiscalía indaga actualmente la eventual existencia de un mecanismo de corrupción sostenido en el tiempo, mediante el cual se habría entregado información reservada, intervenido en decisiones administrativas, gestionado la adjudicación de licitaciones y presionado para remover a funcionarios encargados de tareas de fiscalización. La hipótesis investigativa de la fiscal Encina postula que la empresa Sociedad de Servicios de Alimentación S.A. (Soser S.A.) ,controlada por el empresario Jaime Rey Cortés, estructuró una red que permeó el aparato público para eludir controles de probidad.
El esquema de involucramiento político se habría desplegado a través de tres mecanismos operativos claramente definidos por los persecutores. El primero apunta al traspaso de información privilegiada mediante la filtración de borradores de bases de licitaciones y cronogramas de control para otorgar ventajas a la firma. El segundo implicaba el uso del peso político de parlamentarios para exigir la remoción, traslado o marginación de los inspectores técnicos de terreno de la Junaeb que reportaban los sistemáticos incumplimientos del servicio. Finalmente, el tercer engranaje consistía en la intermediación informal ante altas autoridades para frenar la ejecución de multas acumuladas o viabilizar modificaciones contractuales de urgencia.
El despliegue en el Congreso y las cuentas de los imputados
La arista que vincula a la esfera política mantiene bajo la condición de imputados a los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (independiente en cupo de la Federación Regionalista Verde Social), además de involucrar en las líneas de indagación al exdiputado Hugo Gutiérrez (PC) y al funcionario Gianni Rivera Foo. Para la fiscalía, existen sospechas fundadas de que estas intermediaciones informales ante las autoridades gubernamentales habrían tenido como contraprestación beneficios económicos directos y aportes irregulares para campañas.
Para probar la existencia de estas coimas, la orden judicial del Cuarto Juzgado de Garantía autorizó medidas intrusivas de alto impacto. La PDI accedió a extraer y analizar toda la información almacenada en las nubes, mensajería de WhatsApp, geolocalizaciones e imágenes de los dispositivos incautados a los parlamentarios, sumado a la revisión exhaustiva de sus casillas de correo electrónico institucionales del Senado y de la Cámara. Asimismo, las entidades financieras recibieron la orden de levantar el secreto bancario de las cuentas personales y societarias de los involucrados, debiendo remitir al Ministerio Público el detalle de todos sus movimientos de fondos desde el 1 de enero de 2018 a la fecha.
El desbalance de las onces fantasmas
En el plano estrictamente operacional, el perjuicio fiscal investigado se concentra en la Región de O’Higgins y supera los 14.000 millones de pesos por servicios de colaciones que jamás llegaron a los estudiantes vulnerables del Programa de Alimentación Escolar (PAE). El origen del fraude, de acuerdo con las auditorías gubernamentales del Plan de Inspección Total, se remonta a 2019. En ese año, la Junaeb contrató por vía directa ,por un monto de 120 millones de pesos, a la consultora Inventia Consultores SpA para estructurar las bases de la licitación identificada con el ID 85-18-LR20.
Dicha consultoría externa eliminó las tradicionales bandas de precios máximos y mínimos del concurso, lo que habilitó a Soser S.A. para implementar una estrategia comercial de precios desbalanceados. La empresa ofertó raciones de almuerzos a precios artificialmente bajos ,de hasta 300 pesos por porción, para maximizar de forma ilícita su puntaje en la evaluación económica, compensando esta pérdida mediante cobros exorbitantes en el ítem de meriendas o “onces” de educación básica. Mientras el precio de mercado habitual de una once oscilaba históricamente entre 800 y 1.100 pesos, la firma logró que se le asignara un precio unitario de 6.522 pesos en 2021, el cual escaló por reajustabilidad a 8.680 pesos por porción en 2023.
El desvío patrimonial sistemático se consolidó gracias a que el sistema permitía facturar raciones programadas sin necesidad de entregarlas. Entre los años 2021 y 2023, Soser programó un total de 3,3 millones de raciones de once en la región de O’Higgins, pero la fiscalía y la Contraloría constataron que el consorcio solo entregó de forma efectiva 284 colaciones en 2022, y absolutamente ninguna en las temporadas de 2021 y 2023. Pese a la nula contraprestación, Junaeb pagó a todo evento el porcentaje mínimo garantizado, el cual se modificó en el contrato original para aumentar del 40% al 60% fijo a partir de agosto de 2022. Esta modificación contractual fue sancionada mediante resoluciones exentas por la entonces Directora Nacional de la Junaeb, Camila Rubio Araya, eludiendo la toma de razón obligatoria del organismo contralor.
La puerta giratoria y el rol del exjefe jurídico
El nexo causal y técnico que hoy se sitúa como el ejemplo paradigmático de la captura regulatoria de la Junaeb se concentra en la figura del abogado Alejandro Layseca Astudillo. Como jefe de la Unidad Jurídica de la Junaeb hasta el mes de septiembre de 2022, Layseca visó y recomendó la aprobación de los polémicos cambios en las fórmulas de pago garantizado del 40% al 60% en beneficio del consorcio.
Peritos informáticos de la fiscalía lograron recuperar correos de los servidores internos de la institución que habían sido eliminados. En particular, figura una comunicación de agosto de 2022 donde el propio Layseca sugería a Camila Rubio y al jefe del Departamento de Alimentación Estudiantil, Francisco Pizarro, tramitar los cambios al contrato de Soser mediante la dictación de una resolución exenta, con el propósito explícito de acelerar la transferencia de fondos fiscales sin pasar por Contraloría. Apenas tres años después de abandonar su cargo público en Junaeb, habiendo pasado de manera transitoria por otros servicios estatales, Alejandro Layseca se incorporó formalmente en el año 2025 como el asesor jurídico principal de la misma empresa proveedora beneficiada por sus dictámenes.
En paralelo al destino de estos millonarios fondos, la fiscalía también activó la indagatoria de una arista por eventual omisión de denuncia que apunta a la propia jefatura del organismo público. El tribunal capitalino autorizó a los persecutores revisar de manera reservada las casillas de correo electrónico y nubes de cinco funcionarios de la Junaeb correspondientes al periodo de enero a abril de 2025. El objetivo es establecer si estas jefaturas conocieron alertas judiciales explícitas sobre las raciones infladas que beneficiaban a Soser S.A. y si existieron instrucciones internas para silenciar las anomalías o eludir la remisión del expediente a la justicia penal.
