El Departamento de Asuntos Internos de Carabineros detuvo a tres efectivos de la 13ª Comisaría bajo cargos de cohecho, posesión de armamento prohibido y tráfico de drogas. Mientras los imputados enfrentan su respectivo control de detención, la fiscalía mantiene bajo reserva una indagatoria que apunta a otros cuatro funcionarios de la misma unidad.
El Departamento de Asuntos Internos de Carabineros ejecutó un operativo de alta sensibilidad que remece las filas de la 13ª Comisaría de La Granja. La detención de tres funcionarios de la unidad policial, vinculados presuntamente con redes de narcotráfico, activó un procedimiento judicial liderado por el Ministerio Público que amenaza con extenderse a más miembros de la dotación institucional.
Los imputados —un sargento segundo, un sargento primero y un carabinero— comparecerán ante el tribunal en las próximas horas para su respectivo control de detención, instancia donde el ente persecutor formalizará cargos por delitos de corrupción, infracción a la Ley de Drogas y control de armas.
Diligencias intramuros y registros de casilleros
La indagatoria penal cobró fuerza tras una serie de allanamientos simultáneos autorizados por la justicia. Los investigadores de Asuntos Internos ingresaron directamente a las dependencias de la unidad de La Granja para registrar los casilleros personales de los efectivos bajo sospecha, un procedimiento intrusivo que de manera paralela se replicó en sus domicilios particulares.
El desglose de las imputaciones revela distintas responsabilidades y roles dentro de la supuesta organización. Al sargento segundo se le atribuyen los delitos de cohecho y violación de secreto, bajo la sospecha de haber facilitado información sensible a agrupaciones delictivas. Por su parte, el sargento primero fue arrestado por tenencia de armas prohibidas, mientras que el tercer funcionario, con el grado de carabinero, es investigado directamente por el delito de microtráfico.
Un expediente abierto que apunta a más involucrados
La audiencia de control de detención de este grupo marcará el inicio formal de una causa que vuelve a tensionar la relación de las policías con el fenómeno del crimen organizado en los sectores vulnerables de la capital. Sin embargo, el Ministerio Público maneja el caso como una red de mayor alcance y no descarta que el número de detenidos aumente en el corto plazo.
De acuerdo con los antecedentes confirmados por el Ministerio Público, existen actualmente otros cuatro funcionarios policiales de la misma dotación que están siendo activamente indagados por la Fiscalía. Las pesquisas sobre estos cuatro uniformados continúan abiertas para determinar si su participación se asocia a la cobertura de las actividades ilícitas o si formaban parte de la misma red de distribución de drogas que operaba bajo el amparo de la unidad policial.
