El Séptimo Juzgado de Garantía declaró admisible la acción penal presentada por la defensa del comunero José Tralcal. El libelo acusa al abogado de desplegar maniobras clandestinas en 2018 ante ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema para evitar que se anulara el juicio por el crimen del matrimonio en Vilcún.
El cerco judicial sobre el abogado penalista Luis Hermosilla continúa expandiéndose hacia nuevas áreas de alta sensibilidad institucional. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite una querella criminal en su contra que, por primera vez, vincula sus redes de contactos en el Poder Judicial con causas asociadas al conflicto en La Araucanía.
La acción penal, presentada por la abogada Karina Riquelme Viveros en representación del comunero mapuche José Tralcal Coche ,condenado por el ataque que costó la vida al matrimonio de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, imputa al abogado la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia.
Los mensajes clandestinos y las gestiones de emergencia
La base del libelo se sustenta en una serie de conversaciones de WhatsApp de agosto de 2018 entre Hermosilla y el abogado José Ramón Correa, las cuales salieron a la luz pública a través de un reportaje periodístico en junio pasado. En ese período, la Segunda Sala de la Corte Suprema se encontraba analizando un recurso de nulidad clave presentado por la defensa de los comuneros condenados en el juicio del caso Luchsinger-Mackay.
De acuerdo con los antecedentes expuestos en el estrado, el 23 de agosto de 2018, Hermosilla consultó explícitamente a su contraparte: “¿Tú más amigo de la sala penal quién es?”, ante lo cual Correa apuntó al ministro Manuel Valderrama. Acto seguido, la instrucción de Hermosilla fue directa: “Necesitamos que se rechace la nulidad del caso Luchsinger”. El abogado fundamentó el requerimiento señalando que la decisión judicial resultaba “clave para avanzar en el proceso de pacificación de la región” y advirtió que “un cuarto juicio sería fatal”.
La secuencia de mensajería incorporada en la querella expone que, días antes de dicho intercambio, el 9 de agosto, Correa instó a Hermosilla a telefonear directamente a Valderrama. Tras realizar la gestión, Hermosilla confirmó el éxito del contacto definiéndolo como “buena” y detallando que había sido “de emergencia para transmitir el mensaje”. Posteriormente, Correa reportó que el magistrado de la Corte Suprema “estaba agradecido del llamado” e incluso compartió información de carácter interno sobre la inasistencia del ministro Hugo Dolmetsch a la sala.
El factor de La Moneda y la arista internacional
Uno de los puntos jurídicos más complejos de la querella es la delimitación del escenario donde se fraguaron las coordinaciones. El libelo fundamenta la competencia de los tribunales de Santiago bajo el argumento de que el principio de ejecución de las presuntas infracciones penales se localizó en el Palacio de La Moneda.
En la época en que ocurrieron los hechos, Hermosilla se desempeñaba como asesor a contrata del Ministerio del Interior en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, bajo el encargo directo del entonces ministro Andrés Chadwick, con el propósito de representar los intereses del Ejecutivo en el caso Luchsinger-Mackay. La parte querellante sostiene que las presiones e intermediaciones informales se planificaron desde las oficinas gubernamentales del centro de Santiago.
La resolución definitiva de la Segunda Sala de la Corte Suprema se concretó el 10 de octubre de 2018, cuando el máximo tribunal rechazó el recurso de nulidad y mantuvo las condenas, concediendo únicamente una rebaja de penas tras descartar el carácter terrorista del delito. La querella destaca que el expresidente Piñera manifestó públicamente su satisfacción por la condena antes de que estuviese firme. Adicionalmente, el caso se encuentra actualmente bajo examen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por denuncias asociadas a la vulneración del debido proceso.
El desmentido del ministro y el rumbo judicial
La ofensiva penal obligó a un pronunciamiento por parte del aludido ministro Manuel Valderrama, quien en junio pasado descartó de manera tajante cualquier tipo de intervención irregular. El magistrado aclaró que su relación con José Ramón Correa ,con quien se le vinculaba por la participación de este último en la sociedad Azul Azul y la Universidad de Chile, era esporádica y que no recordaba haber sostenido conversaciones sobre el caso Luchsinger-Mackay, asegurando además que jamás habló de causas judiciales con Luis Hermosilla.
Si bien el Séptimo Juzgado de Garantía declaró admisible la acción penal, los intervinientes recuerdan que esto no implica una acreditación inmediata de los ilícitos, los cuales deberán ser investigados exhaustivamente por el Ministerio Público para determinar si se trató de contactos informales de pasillo o de una intervención ilícita estructurada para incidir en las decisiones del máximo tribunal del país.
