Tras el cierre de una formalización histórica de 14 días, Gendarmería concretó el ingreso a recintos penales de los cuatro principales imputados. Mientras Michael Clark fue derivado al área especial de delitos económicos, los hermanos Larraín y Sergio Yáñez iniciaron su reclusión en el recinto de régimen común. La resolución de la jueza Paulina Moya no solo consideró el monto del fraude, sino también maniobras activas de los involucrados para borrar evidencia digital.
El tablero judicial del caso Sartor terminó de configurarse este miércoles con el primer amanecer en prisión de sus figuras centrales. Luego de que el 4° Juzgado de Garantía de Santiago dictara la prisión preventiva, Gendarmería aplicó sus protocolos de clasificación y segmentación, determinando destinos distintos para los imputados. Michael Clark Varela, expresidente de Azul Azul, fue ingresado al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, un recinto especial ubicado dentro del perímetro de alta seguridad; en tanto, Pedro Pablo Larraín Mery, Carlos Larraín Mery y Sergio Yáñez Astete fueron remitidos al Centro de Detención Preventiva Santiago 1.
La decisión de la magistrada Paulina Moya, expuesta en una resolución que se extendió por más de seis horas, se sostuvo sobre una premisa fundamental: la libertad de los acusados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y, especialmente, para el éxito de una investigación que todavía debe asegurar piezas clave de convicción.
El factor de la obstrucción digital
Uno de los flancos más delicados revelados en el estrado fue el riesgo de reiteración y ocultamiento de información. La jueza acreditó que existieron gestiones directas para eliminar rastros de las operaciones financieras. En el caso de Pedro Pablo Larraín, se detectaron instrucciones para deshacerse de su teléfono celular y borrar servicios de Microsoft.
Respecto a Clark, el análisis de su terminal incautado arrojó que no contenía mensajes anteriores a marzo de 2026, lo que resultó concordante con la tesis fiscal de un borrado sistemático de chats de WhatsApp, tanto individuales como grupales. Para el tribunal, estas conductas “incrementan de manera relevante el riesgo respecto a la evidencia aún no asegurada” y de las personas que hoy colaboran con el Ministerio Público.
Los fondos públicos como “tesorería de grupo”
La investigación, liderada por los fiscales Felipe Sepúlveda y Juan Pablo Araya, apunta a un perjuicio patrimonial que escala hasta los US$ 191 millones (aproximadamente 200 mil millones de pesos). El esquema descrito por la fiscal Lorena Parra detalla cómo fondos de inversión públicos, regulados y financiados por terceros, terminaron inyectando recursos a vehículos privados no fiscalizados que, a su vez, financiaban sociedades relacionadas con los mismos directores de Sartor.
La jueza Moya fue enfática al criticar la administración profesional de estos recursos. En su resolución, señaló que si bien una administradora puede tener estrategias vinculadas a su entorno, los fondos no pueden transformarse en la “tesorería del grupo”. El tribunal subrayó que la necesidad de sostener negocios personales, como el factoring Emprender Capital que adeudaba más de $50 mil millones a Sartor, desplazó el deber fiduciario de proteger el dinero de los aportantes.
La arista Azul Azul y el control de la “U”
Para Michael Clark, el escenario procesal se complicó adicionalmente con la arista deportiva. El tribunal dio por acreditada la tesis de que la adquisición del control de la concesionaria Azul Azul a través del fondo Tactical Sport se realizó mediante maniobras de lavado de activos y un fraude por omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).
Según el veredicto provisional, Clark intervino en financiamientos cuyo destino real era la toma de control de la sociedad deportiva, utilizando estructuras complejas para que su sociedad personal, Antumalal, concentrara la totalidad de las cuotas del fondo controlador.
Escenario para los próximos 120 días
Mientras los cuatro imputados enfrentan su privación de libertad, el resto de los 11 formalizados quedaron sujetos a medidas de menor intensidad, como arresto domiciliario total o parcial y arraigo nacional. La investigación tiene ahora un plazo de 120 días para que la Fiscalía de Alta Complejidad logre consolidar las pruebas de administración desleal reiterada y negociación incompatible.
Desde la defensa, el abogado Jaime Winter adelantó que no están conformes con la resolución y que buscarán revertir la medida cautelar mediante apelaciones, argumentando que no se ajusta a los antecedentes examinados durante las dos semanas de formalización. No obstante, por ahora, el partido más difícil de los ejecutivos se jugará detrás de las rejas.
