El Ministerio Público atribuyó el alejamiento de la persecutora a una “reestructuración operativa interna” de la Unidad Anticorrupción. Sin embargo, la decisión coincide con la ofensiva de la defensa de la senadora Camila Flores, que busca sanciones administrativas por presuntas filtraciones de antecedentes bajo reserva.
La investigación por presunto fraude al fisco que afecta a la senadora Camila Flores (RN) entró en una nueva etapa procesal, marcada por un cambio de piezas en el equipo persecutor. La fiscal adjunta Paola Castiglione, quien lideró las diligencias más críticas del caso —incluyendo el allanamiento a las oficinas de la parlamentaria en el Congreso—, dejó de figurar en las actuaciones más recientes del organismo.
En las últimas audiencias, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, ha comparecido acompañada por la fiscal adjunta Marcia Rivas, desplazando de la primera línea a Castiglione. Este movimiento en el estrado se produce en un momento de alta tensión entre la Fiscalía y la defensa de Flores, encabezada por los abogados Luis Masferrer y Samuel Donoso.
La versión oficial de la carga laboral
Desde la Fiscalía Regional de Valparaíso, la explicación oficial descarta que el cambio responda a presiones externas tras las diligencias solicitadas por la defensa. La institución precisó que la causa sigue perteneciendo a la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) y que el ajuste es meramente administrativo.
“Debido a una distribución interna de cargas, la fiscal Castiglione en la actualidad está avocada a otras causas que lleva la misma unidad”, señalaron desde el organismo. Asimismo, recalcaron que es frecuente que Perivancich asuma directamente la representación en audiencias de casos de alta connotación, como ya ha ocurrido en las causas contra el alcalde de Algarrobo o la arista de Conaf por los incendios forestales.
El factor de la denuncia por filtraciones
Pese a la narrativa de normalidad que intenta proyectar el Ministerio Público, la defensa de la parlamentaria vincula la salida de Castiglione con la denuncia administrativa ingresada el 25 de junio. El reclamo solicita instruir un sumario y la suspensión preventiva tanto de Castiglione como de Perivancich, acusándolas de la presunta divulgación de antecedentes reservados.
El sustento del reclamo se basa en episodios que la defensa califica como irregularidades. Uno de los más relevantes apunta a una supuesta filtración a la prensa antes de un operativo clave. Según el libelo, una periodista de CIPER se habría comunicado con el abogado Masferrer el 5 de mayo para consultar sobre delitos de lavado de activos, información que en ese momento se encontraba bajo reserva y de la cual la defensa afirma no haber sido notificada formalmente por el Ministerio Público.
El contraataque de la defensa parlamentaria
Para el abogado Samuel Donoso, la tesis de la “casualidad” o la “distribución de carga” que plantea la Fiscalía es difícil de sostener frente a los antecedentes existentes. Tras conocerse la salida de Castiglione, el penalista endureció su postura señalando que este cambio precisamente refuerza la necesidad de esclarecer lo ocurrido.
“La denuncia que hemos formulado es seria y se sustenta en antecedentes concretos, incluidos registros fotográficos y audiovisuales”, afirmó Donoso, subrayando que es fundamental que el fiscal nacional, Ángel Valencia, entregue garantías de imparcialidad. Por ahora, la resolución del sumario contra las dos jefas de la persecución en Valparaíso sigue pendiente en la Fiscalía Nacional, mientras el caso Flores continúa su curso bajo una nueva composición de fiscales.
