Con la puesta en marcha de la comisión investigadora este lunes a las 19:30 horas, la exministra de Seguridad Pública enfrenta sus horas más críticas. A pesar de haber dejado el gabinete hace 90 días, el lapso de seis meses para una acusación constitucional vence este martes, lo que convierte a la sesión de hoy en el último filtro antes de un eventual proceso de destitución e inhabilitación.
La sede del Congreso Nacional en Santiago recibe este lunes la primera jornada de trabajo de la comisión especial investigadora encargada de revisar la gestión de Trinidad Steinert durante sus 69 días al frente del Ministerio de Seguridad Pública. La instancia, que cuenta con una mayoría opositora y es presidida por el diputado socialista Raúl Leiva, sesionará a solo horas de que expire el plazo fatal para que la Cámara de Diputados presente una acusación constitucional contra la exsecretaria de Estado, herramienta que los sectores de oposición no han descartado y que vence definitivamente este martes 18 de agosto.
El reproche administrativo de la Contraloría
El eje central de la indagatoria parlamentaria es el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) emitido el pasado 2 de julio, el cual concluyó que Steinert actuó de manera ilegal al solicitar información sensible a la Policía de Investigaciones (PDI). Según el organismo fiscalizador, la entonces ministra vulneró su “deber de abstención” y excedió sus atribuciones al despachar un oficio reservado el 14 de marzo de 2026, apenas dos días después de haber asumido el cargo, pidiendo una nómina detallada de los funcionarios de una unidad antinarcóticos vinculada a la investigación del denominado “Clan Chen”.
La gravedad del hecho, según consignan las fuentes, radica en que Steinert no solo requirió los nombres, cédulas de identidad y grados de los efectivos policiales, sino que también solicitó los fundamentos de sus traslados, sus destinos actuales y copias de cualquier sumario o denuncia penal en su contra. Para la Contraloría, esta actuación no se ajustó a las funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial, interfiriendo en una causa criminal que en ese momento se encontraba bajo la dirección exclusiva de una Fiscalía Regional.
La carrera contra el reloj constitucional
Pese a que Steinert ya no ocupa el despacho ministerial, la investigación parlamentaria mantiene su relevancia debido a la responsabilidad política que la Constitución permite perseguir hasta seis meses después de que una autoridad deje su funciones. Para parlamentarios como Patricio Pinilla (DC) y Tamara Ramírez (PDG), es imperativo conocer la versión de la exministra sobre por qué existía tal “premura” y “motivación” por intervenir en un equipo de inteligencia policial que había trabajado bajo su mando cuando ella era fiscal regional.
El diputado Pinilla ha enfatizado que, en materia de seguridad pública, no pueden existir “zonas grises” ni interferencias indebidas en las policías, mientras que el diputado Bernardo Salinas (IND-PC) ha calificado el caso como un reflejo de la supuesta “improvisación” en el manejo de la seguridad por parte del actual Ejecutivo. La comisión espera que Steinert, quien confirmó su asistencia, aclare también las eventuales presiones para cursar bajas de altos mandos de la PDI, como el caso de la exjefa de Inteligencia, Consuelo Peña.
Divergencias en el banquillo parlamentario
Desde el oficialismo, la lectura del proceso es diametralmente opuesta. El diputado Jaime Coloma (UDI) advirtió que fiscalizar no debe transformarse en una condena anticipada y cuestionó que la citación se realice un lunes a última hora, justo antes del vencimiento del plazo para la acusación constitucional, sugiriendo que la sesión podría ser utilizada como una “pantalla” política. En la misma línea, el diputado republicano Cristián Araya acusó a la oposición de intentar sacar rédito político de antecedentes que, a su juicio, ya fueron zanjados por las autoridades correspondientes.
La jornada de este lunes será determinante no solo para la trayectoria pública de Steinert, sino para la estabilidad del relato de gestión del gobierno de José Antonio Kast, que ha visto cómo la rotación de autoridades en áreas críticas tensiona su agenda de seguridad. Lo que ocurra en el estrado de la comisión definirá si la oposición logra reunir los votos necesarios para presentar el libelo acusatorio antes de que el reloj constitucional marque el fin del plazo este martes.
