La Fiscalía Centro Norte y la PDI indagan un esquema de corrupción que habría generado ingresos irregulares por sobre el millón de dólares mediante el cobro de sobreprecios para agilizar visados. El foco de la investigación recae sobre el ex cónsul Rafael Du Monceau, un abogado de 35 años e hijo de un diplomático de carrera, quien hoy enfrenta un sumario reservado y el escrutinio de la justicia penal.
La diplomacia chilena enfrenta uno de sus flancos judiciales más complejos tras revelarse los pormenores de un presunto esquema de cohecho operado en el corazón de la representación en Haití. En una diligencia calificada como inédita por su alcance transnacional, fiscales de la zona Centro Norte y detectives de la Brigada Anticorrupción de la PDI viajaron hasta Puerto Príncipe para allanar las dependencias del consulado, logrando incautar computadores, documentación y dinero en efectivo oculto en diversos sectores del recinto.
El caso, que estalló tras denuncias internas detectadas por la Cancillería en 2025, apunta a la existencia de un “mercado negro” de trámites consulares. Según la tesis del fiscal Francisco Ledesma, funcionarios de la sede diplomática habrían aprovechado las extensas filas y las demoras de meses en los procesos de legalización para ofrecer un servicio de “atención prioritaria” a cambio de pagos adicionales.
El tarifario del “fast-track”
La magnitud del fraude se refleja en el abismo entre los valores oficiales y los montos que los ciudadanos haitianos se veían obligados a desembolsar. Mientras que los aranceles por la legalización de documentos fluctuaban legalmente entre los US$7 y US$12, la investigación ha acreditado cobros de hasta US$100 por cada gestión.
Este sobrepago permitía a los usuarios reducir tiempos de espera de meses a solo un par de días. Considerando que durante 2025 se registraron cerca de 14 mil procedimientos —una cifra calificada como inusualmente elevada por el Ministerio de Relaciones Exteriores—, las proyecciones indican que el dinero obtenido de forma ilícita podría superar el millón de dólares.
El perfil del ex cónsul bajo la lupa
En el centro de la controversia se encuentra Rafael Du Monceau, abogado de 35 años e hijo de un exembajador chileno en Bélgica. Du Monceau asumió la jefatura del consulado en febrero de 2024, permaneciendo en el cargo hasta octubre de 2025, cuando fue removido de sus funciones en medio de las primeras sospechas de corrupción.
A pesar de la gravedad de los antecedentes, el diplomático ha optado por una estrategia de hermetismo. Al ser citado por el Ministerio Público en calidad de imputado, ejerció su derecho a guardar silencio y, posteriormente, su abogado defensor renunció a representarlo. Actualmente, Du Monceau se encuentra sujeto a un sumario administrativo reservado mientras se despejan las responsabilidades individuales en el visado y firma de documentos, tarea que recaía directamente bajo su fe pública.
El costo humanitario y administrativo
Más allá del impacto penal, la crisis en la sede de Puerto Príncipe ha paralizado procesos fundamentales para la política migratoria nacional. El director de Migraciones, Frank Sauerbaum, informó ante el Congreso que cerca de 10 mil solicitudes de reunificación familiar han sido suspendidas debido a la “falta de confiabilidad” en los documentos emanados durante el periodo bajo sospecha.
Por ahora, la Fiscalía continúa el peritaje del material incautado para determinar la ruta del dinero y si los fondos percibidos por concepto de aranceles oficiales fueron correctamente rendidos y enviados a Chile. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en tanto, ha reiterado su colaboración con la justicia tras haber sido el propio organismo el que remitió los antecedentes iniciales a la PDI tras detectar las anomalías en el registro de legalizaciones.
