El traslado de casi 200 internos de alta peligrosidad hacia el nuevo penal del Maule no solo activó la infraestructura carcelaria más costosa del país, sino que consolidó el giro punitivo del Ejecutivo. Mientras el oficialismo celebra un cambio radical en el control de los recintos, voces de la administración anterior y el parlamento advierten sobre los riesgos de la espectacularización y el sesgo autoritario de la “Operación Cancerbero”.
Con una transmisión en vivo y un despliegue de fuerza que cubrió las principales arterias entre la capital y el Maule, el Gobierno puso en marcha este jueves el poblamiento masivo del Complejo Penitenciario La Laguna. La denominada “Operación Cancerbero” movilizó a un contingente de Gendarmería, reforzado por Carabineros y la PDI, para reubicar a 191 internos de alta peligrosidad, una gestión que el Presidente José Antonio Kast calificó como un “día histórico” que marca un “cambio de mano importante” en la política criminal chilena. El mandatario, quien supervisó el operativo desde la sala de monitoreo regional, defendió la medida como el pilar fundamental de su Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), subrayando que la seguridad plena es inalcanzable si no se recupera el poder del Estado dentro de las cárceles.
La estrategia comunicacional, sin embargo, levantó una polvareda de críticas en el sector judicial y político. Los exministros de la administración de Gabriel Boric, Luis Cordero y Carolina Tohá, tildaron el operativo de “espectáculo” y advirtieron que la exposición pública de los traslados en tiempo real compromete la seguridad de los funcionarios y degrada la dignidad del sujeto. Cordero fue taxativo al señalar que la maniobra es “muy al estilo Bukele”, cuestionando que se utilicen las horas de mayor tráfico televisivo para exhibir a internos inmovilizados, lo que a su juicio desdibuja la diferencia entre el cumplimiento de una pena y un trato cruel. Desde el Congreso, el diputado Raúl Leiva (PS) profundizó la crítica al hablar de una “banalización de la política chilena”, comparando las siglas de la agenda gubernamental con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador y alertando sobre una deriva autoritaria que, según planteó, Chile no debería imitar.
Frente a estos cuestionamientos, el Presidente Kast optó por una respuesta de pragmatismo político. Al ser consultado por los dichos de las exautoridades, el mandatario sentenció que en su gestión priman los “hechos más que palabras”, recordando que aunque el recinto fue inaugurado a inicios de 2025, no se ocupó su capacidad completa hasta ahora. “A todos aquellos que quieran realizar comentarios, opiniones, todos bienvenidos, pero ayudemos a cambiar la mano en Chile. No voy a entrar en un debate con un exministro o con un parlamentario”, disparó Kast, reafirmando que el nuevo esquema carcelario es una respuesta directa al hacinamiento que ya sobrepasó todos los límites.
El escenario de este nuevo régimen es un búnker de hormigón de 60 mil metros cuadrados que implicó una inversión superior a los 99 mil millones de pesos. Ubicado en el sector de Panguilemo, a diez kilómetros de Talca, el penal La Laguna cuenta con una infraestructura diseñada para la segregación total: posee 14 módulos de reclusión y un sistema de tres túneles independientes para que internos, funcionarios y visitas jamás se crucen en sus trayectos. La tecnología de vigilancia es inédita para la región, operando con 1.561 cámaras de alto estándar —el 20% del total nacional—, escáneres corporales, sensores de escalamiento y un sistema de gestión para el bloqueo absoluto de señal celular.
El perfil de los nuevos habitantes de La Laguna confirma la naturaleza del “cambio de mano”. De los 191 trasladados hoy, 37 pertenecen a cúpulas del crimen organizado, incluyendo a nueve líderes cuyas fichas el Gobierno hizo públicas para justificar el rigor del nuevo régimen. En la lista figura V.G., ciudadano neerlandés de la Mafia Albanesa condenado por narcotráfico transnacional; W.C.R., cabecilla de Los Pulpos imputado por extorsión y homicidio; y varios miembros de facciones del Tren de Aragua como Los Cartier, Los Mapaches y Loyalty. Todos ellos quedaron sujetos a un protocolo de máxima seguridad que contempla el uso de uniformes de alta visibilidad en colores naranja y azul, celdas individuales, prohibición de visitas con contacto físico y desplazamientos internos siempre con grilletes y custodia.
Mientras el Gobierno proyecta que el penal alcanzará su capacidad máxima de 2.320 plazas en los próximos días, la tensión se trasladó al entorno urbano. El alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, reprochó que nunca se notificó a la ciudad sobre la alta peligrosidad de los internos y denunció que el Estado mantiene promesas de mitigación incumplidas, como la falta de un retén de Carabineros y soluciones de alcantarillado para los vecinos de la zona. En respuesta, Kast aseguró que su presencia en el Maule será permanente para evitar que los alrededores de la “fortaleza” se conviertan en focos de asentamientos irregulares, cerrando así un estreno que mezcla la vanguardia tecnológica con una narrativa de control que ya divide aguas en la academia y los tribunales.
