Una querella por cohecho presentada por el organismo estatal apunta a dos funcionarios que habrían percibido más de 17 millones de pesos por saltarse la fila en los procesos de obtención de papeles definitivos. El esquema, que operaba mediante el pago de sobornos a cambio de eludir esperas que superaban el año, fue detectado en el Departamento de Residencias Definitivas entre fines de 2022 y principios de 2023.
La probidad en el Servicio Nacional de Migraciones (SNM) vuelve a estar bajo el escrutinio de la justicia ordinaria. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó recientemente una querella criminal por el delito de cohecho, tras detectar una red de corrupción interna que cobraba montos de dinero para agilizar la tramitación de residencias definitivas, una gestión que en ese periodo enfrentaba un crítico cuello de botella institucional.
De acuerdo con la información revelada por Reportajes Teletrece (T13), el Ministerio Público indaga un perjuicio directo al correcto funcionamiento del organismo estatal. La acción judicial sostiene que los involucrados habrían sustituido los criterios de prioridad y orden de tramitación por un mecanismo basado en el beneficio económico personal.
El esquema del “fast-track” ilegal
La red operaba en el Departamento de Residencias Definitivas, unidad que en 2022 mantenía un volumen acumulado de solicitudes con demoras que promediaban más de un año de espera. En ese contexto, el sistema oficial de asignación de casos funcionaba mediante “planillas”, donde cada analista debía intervenir exclusivamente los requerimientos que le eran asignados por su jefatura.
Sin embargo, la investigación apunta a dos figuras clave: Javier Navarro Martínez, analista a honorarios, y Marcela Paredes Jara, funcionaria a contrata con amplia experiencia y acceso a las plataformas informáticas del servicio. Según la querella del CDE , Navarro comenzó a intervenir de forma irregular en solicitudes que no formaban parte de su carga laboral, acelerando los procesos a cambio de pagos que se realizaban a través de un intermediario.
Periodísticamente, el caso revela una tarifa establecida: por cada gestión, los interesados habrían desembolsado cerca de $140.000, suma que se repartía en partes iguales entre el funcionario y el contacto externo que captaba a los extranjeros. Bajo este sistema, se estima que Navarro logró intervenir 250 solicitudes entre octubre de 2022 y marzo de 2023, acumulando una ganancia ilícita cercana a los $17.500.000.
Intentos de expansión y la alerta de Contraloría
La arista que involucra a Marcela Paredes describe un intento por ampliar esta red de favores pagados. El 15 de diciembre de 2022, la querellada habría ofrecido a una compañera de labores —identificada como Andrea Olave Hermosilla— montos de entre $100 mil y $200 mil por cada expediente “acelerado”. La propuesta de Paredes consistía en que ambas se dividieran a medias los dineros pagados por los interesados, con el fin de alterar la tramitación regular de los documentos.
Los primeros antecedentes de estas irregularidades fueron expuestos ante el Congreso por la Contralora General (s), Dorothy Pérez, en junio de 2024. Si bien en una primera instancia el ente contralor no pudo acreditar formalmente el cohecho, derivó todos los indicios al Ministerio Público al detectar que una funcionaria del SNM habría estado agilizando trámites a cambio de pagos pecuniarios.
Esta causa se suma a otras investigaciones que actualmente pesan sobre la entidad dirigida por Luis Thayer, en medio de cuestionamientos por la gestión administrativa de programas migratorios y denuncias de corrupción en sedes consulares. Actualmente, el CDE busca que los tribunales sancionen penalmente la infracción a los deberes de probidad, imparcialidad y eficiencia administrativa que, según la querella, fueron vulnerados para instalar este mercado negro de visados.
