Tras una extensa audiencia de formalización, el Juzgado de Garantía de San Bernardo determinó que la libertad de los imputados representa un peligro para la sociedad. La organización, que operaba mediante grupos cerrados en plataformas digitales y envíos por encomienda a casi todo el país, fabricaba armamento sin trazabilidad utilizando tecnología de impresión tridimensional.
En una resolución que marca un precedente en el combate contra las nuevas formas de criminalidad organizada en Chile, la magistrada Marylin Neira Mendoza decretó la medida cautelar de prisión preventiva para 56 integrantes de la denominada “Operación 3D”. El grupo, formalizado por la Fiscalía Supraterritorial, enfrentó cargos por asociación criminal y tráfico de armas prohibidas, municiones, explosivos y pirotecnia, en una trama que operaba activamente desde octubre de 2024 en gran parte del territorio nacional.
Dentro del desglose de los sujetos que quedaron bajo custodia, el tribunal dispuso que 48 adultos ingresen a recintos penitenciarios, mientras que 8 menores de edad deberán cumplir con la internación provisoria en centros especializados. Un punto que generó especial preocupación en la esfera judicial y pública fue la participación de funcionarios públicos dentro de la orgánica delictiva, destacando entre los imputados la presencia de una carabinera y un miembro del Ejército, quienes ya se encuentran tras las rejas cumpliendo la cautelar más gravosa.
La logística del mercado negro digital
La investigación, calificada por el Ministerio Público como un proceso de largo aliento, permitió desarticular una estructura que funcionaba de manera descentralizada pero coordinada a lo largo de 12 regiones del país. La banda utilizaba grupos privados de Telegram y WhatsApp para gestionar la fabricación y venta clandestina de piezas y armamento completo impreso en tres dimensiones. Para asegurar su funcionamiento, la red contaba con reglas internas de seguridad y roles estrictamente definidos, que incluían desde administradores de las redes sociales y financistas, hasta armeros especialistas en el diseño e impresión 3D.
Respecto a la complejidad técnica del caso, el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, explicó que el uso de esta tecnología representa un desafío mayor para las autoridades, dado que estas armas “resultan muy complejas desde el punto de vista de la no trazabilidad que deja su utilización”. Según los antecedentes expuestos, la orgánica de la banda les permitió concretar múltiples transacciones entre 2025 y 2026, utilizando el sistema de encomiendas para distribuir el material bélico a sus compradores, operaciones que fueron documentadas mediante vigilancias e interceptaciones.
Un hito en la investigación supraterritorial
El éxito del procedimiento se atribuyó a la acción conjunta entre el ente persecutor y una dotación masiva de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron allanamientos simultáneos en diversos puntos del país. Durante el operativo, se incautaron no solo las armas terminadas y municiones adaptadas, sino también impresoras 3D y elementos de diseño que resultaron claves para acreditar los hechos ante el tribunal de San Bernardo. Al concluir la instancia, Orellana manifestó que “el Ministerio Público se encuentra satisfecho”, resaltando que el juzgado consideró plenamente acreditados tanto los delitos como la participación de cada uno de los involucrados.
El tribunal fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de las diligencias finales de la investigación. Mientras tanto, la mayoría de la red permanecerá privada de libertad, a excepción de tres personas que quedaron con medidas menos intensas, como el arresto domiciliario total y parcial, tras una audiencia que se extendió por casi tres semanas debido a la magnitud de los antecedentes presentados.
