El Ministerio Público inició una investigación de oficio tras un procedimiento policial en el departamento del parlamentario en Viña del Mar. Pese a que ninguna de las partes formalizó una denuncia ni accedió a constatar lesiones, el ente persecutor dispuso diligencias para esclarecer acusaciones cruzadas de agresión física y daños al interior del inmueble.
La Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó la apertura de una investigación penal para determinar lo ocurrido la noche de este miércoles en el domicilio del senador Fidel Espinoza (PS). El incidente, calificado preliminarmente como una “eventual situación de violencia familiar”, movilizó a personal de Carabineros hasta un edificio ubicado en el sector de Nueva Aurora, en la comuna de Viña del Mar, tras una alerta emitida desde el mismo inmueble,.
De acuerdo con los antecedentes recopilados por la Unidad de Instrucción y Flagrancia, el procedimiento se gestó cerca de las 20:00 horas, luego de que una de las personas involucradas solicitara al conserje del edificio que llamara a la policía, “señalando haber sido agredida”,. Al ingresar al departamento, los uniformados constataron un escenario de “desorden, daños en distintas especies” y versiones contradictorias entre el legislador y su pareja,.
Versiones contrapuestas y falta de denuncia formal
El fiscal Mauricio Díaz detalló que, al ser abordados por Carabineros, ambos adultos entregaron relatos opuestos, “ambas atribuyendo a la otra de actos de agresión”, y uno de los involucrados reconoció haber causado destrozos en la propiedad. Pese a la tensión del momento, el Ministerio Público precisó que “ninguno quiso presentar una denuncia formal” y, además, “se negaron a concurrir a un centro asistencial para constatar lesiones”,.
No obstante, ante la naturaleza de los hechos y siguiendo los protocolos vigentes para casos de violencia intrafamiliar (VIF), la Fiscalía dispuso la continuación de las indagatorias. “Atendido que se trata de hecho eventualmente constitutivo de violencia familiar, los antecedentes fueron comunicados al turno regional de prisión y flagrancia, unidad donde se dispuso continuar con las diligencias destinadas al esclarecimiento de lo ocurrido”, puntualizó el persecutor.
Las diligencias: Audios, cámaras y registro de armas
La estrategia del ente persecutor en esta etapa inicial contempla una serie de peritajes técnicos y testimoniales para reconstruir la dinámica de la supuesta gresca. Entre las instrucciones dictadas por la Fiscalía se encuentra la recopilación de los “registros de audios de carabineros que llegaron”, la toma de declaración al conserje y a los funcionarios policiales, además del “empadronamiento de testigos para obtener y recordar las grabaciones de las cámaras de seguridad”.
Asimismo, se ordenó documentar fotográficamente los daños en el mobiliario y las posibles lesiones que pudieran presentar los involucrados, junto con “verificar la existencia de armas de fuego inscritas que pudieran estar establecidas en relación a alguno de los participantes”,. Como medida cautelar inmediata, se establecieron “rondas periódicas al domicilio durante un lapso de al menos 30 días” y un canal de contacto prioritario con la policía para la protección de las partes.
Es importante subrayar que este proceso judicial se trata de una denuncia que se encuentra en etapa de investigación y no de una acusación formal. Según recalcó la propia Fiscalía, en este momento “no existe una atribución definitiva de responsabilidad penal respecto a ninguna de las personas involucradas en este hecho denunciado”, manteniendo el estatus de imputados recíprocos a la espera de los resultados de los peritajes encargados.
