La magistrada del 10° Juzgado de Garantía de Santiago busca congelar el proceso abierto en su contra tras ser sancionada por viajar al extranjero con licencia médica. Su ofensiva judicial se suma a la del juez Jorge Saavedra, en una batalla legal que pone bajo la lupa los alcances del artículo 80 de la Constitución y la facultad del máximo tribunal para evaluar la “buena conducta” de sus integrantes.
La tensión al interior del Poder Judicial por la política de fiscalización de licencias médicas sumó un nuevo capítulo en el Tribunal Constitucional (TC). El pasado domingo 2 de julio la jueza del 10° Juzgado de Garantía de Santiago, María Verónica Arancibia, presentó un requerimiento de inconstitucionalidad con el objetivo de paralizar el cuaderno de remoción que la Corte Suprema mantiene abierto en su contra, según publica La Tercera
La magistrada, representada por el abogado Carlos Quezada, impugnó específicamente los artículos 40 y 41 del auto acordado contenido en el Acta 108, que regula el procedimiento para investigar la responsabilidad disciplinaria de los miembros de la judicatura. La acción ya fue asignada a la Primera Sala del TC, la cual deberá decidir en los próximos días si concede la suspensión del proceso administrativo, tal como ocurrió en casos previos.
El doble flanco de la jueza Arancibia
El caso de Arancibia es representativo de la encrucijada que enfrentan varios magistrados. La jueza ya fue objeto de un sumario administrativo en la jurisdicción de San Miguel, donde el pleno de esa corte la sancionó con una suspensión de funciones de hasta 60 días tras acreditarse que viajó fuera de Chile mientras hacía uso de un reposo médico.
Sin embargo, el conflicto escaló cuando la Corte Suprema, bajo la superintendencia de la ministra Gloria Ana Chevesich, decidió abrir un segundo proceso: un cuaderno de remoción basado en el artículo 80 de la Constitución. Esta figura busca analizar si la falta a la probidad es de tal magnitud que afecta la idoneidad del juez para seguir en su cargo, lo que para la defensa constituye una batalla legal por determinar si los supremos pueden juzgar la “buena conducta” basándose en infracciones ya sancionadas administrativamente.
El precedente de Jorge Saavedra y el “congelamiento” de procesos
La jueza Arancibia no es la primera en acudir al organismo de calle Huérfanos. El camino fue pavimentado por el juez de familia de Antofagasta, Jorge Saavedra, quien el pasado 8 de julio inició esta contienda judicial. Saavedra, también investigado por viajes al extranjero con reposo médico, había recibido la sanción máxima del Código Orgánico de Tribunales (cuatro meses de suspensión) por parte de la Corte de Antofagasta.
Con su requerimiento, Saavedra logró que el TC suspendiera la tramitación de su remoción ante la Suprema, abriendo una puerta que hoy Arancibia busca cruzar para evitar su expulsión definitiva del escalafón primario.
Contexto: La ofensiva de los 56 cuadernos de remoción
Estas acciones individuales son la respuesta a la inédita decisión adoptada por el pleno del máximo tribunal a mediados de junio. Tras revisar 104 investigaciones disciplinarias por el uso de licencias médicas, la Corte Suprema ordenó la apertura de 56 cuadernos de remoción.
La medida ha sido defendida con firmeza por la presidenta del tribunal, Gloria Ana Chevesich, quien ha subrayado que la potestad del artículo 80 constitucional tiene un carácter “preventivo y protector”. Para la Suprema, el bien jurídico en juego no es solo la disciplina interna, sino la “fe pública” y la integridad institucional.
“La Corte Suprema tiene la obligación de velar por el cuidado del Poder Judicial, por su legitimidad ante una sociedad democrática de derecho, ante malas conductas que afectan su imagen”, advirtió la ministra en junio, al cerrar la vista de los casos que hoy tienen a más de medio centenar de jueces en vilo y al Tribunal Constitucional como el árbitro final de su permanencia en la judicatura.
