Una investigación liderada por la propia jefatura del Centro de Detención Preventiva permitió acreditar que los uniformados operaban en el área de encomiendas para facilitar el tráfico de productos hacia el mercado informal del penal. Los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía de Foco para iniciar la persecución penal por delitos asociados a la probidad.
La lucha contra la corrupción al interior de los recintos penitenciarios sumó un nuevo capítulo judicial en la Región Metropolitana. Gendarmería de Chile confirmó la desvinculación inmediata de cuatro funcionarios pertenecientes a la dotación del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago 1, tras establecerse su participación en una organización ilícita dedicada al ingreso irregular de especies para abastecer el mercado negro carcelario.
El quiebre de la red se produjo tras un trabajo de inteligencia y fiscalización en terreno realizado por las propias jefaturas del recinto. Según detalló la institución a través de un comunicado oficial, el esquema delictivo permitía vulnerar los controles en una zona crítica del penal: el ingreso de paquetes para los internos.
El “negocio” de las encomiendas
La investigación interna permitió reconstruir el modus operandi de los ahora exuniformados. Según el ente penitenciario, los involucrados “facilitaban el ingreso irregular de alimentos en cantidades superiores a las permitidas por la administración penitenciaria, operando de esta forma desde el sector de recepción y registro de encomiendas”.
Esta vulneración de los protocolos de seguridad no era gratuita ni azarosa. Los informes de inteligencia institucional determinaron que los productos que lograban sortear los controles no eran para consumo personal de los internos receptores, sino que tenían un fin comercial dentro de la población penal. “La labor de inteligencia institucional permitió determinar que las especies ingresadas de manera irregular iban destinadas al mercado ilícito, es por ello que los antecedentes se pusieron a disposición de la Fiscalía de Foco Investigativo Penitenciario”, precisó la institución.
Sanciones administrativas y flanco penal
La respuesta del mando institucional ante la gravedad de los hechos fue inmediata. Una vez que la jefatura del establecimiento “constató en terreno los ilícitos que cometían los exfuncionarios”, se procedió a su salida de la institución debido al evidente desapego a la ética y las instrucciones del alto mando.
En el ámbito procesal, los cuatro imputados “fueron apercibidos por el artículo 46 del Código Procesal Penal y paralelamente desvinculados de las filas institucionales”. Esta figura legal implica que los sujetos quedaron formalmente identificados y obligados a fijar domicilio para los requerimientos de la investigación que ahora lidera el Ministerio Público.
Desde Gendarmería recalcaron que este operativo es parte de una estrategia mayor para “detectar y combatir hechos de corrupción al interior de las unidades penales del país”, utilizando todas las capacidades de inteligencia para depurar las filas de elementos que se aparten de la probidad administrativa. El caso queda ahora en manos de la Fiscalía de Foco, que deberá determinar si el ingreso de alimentos era solo la fachada para el tráfico de otras especies prohibidas de mayor peligrosidad.
