Tras el hallazgo con vida de Bernarda Vera en Argentina, el secretario de Estado, Fernando Rabat, reveló que existen otras 12 inconsistencias en los registros oficiales, las que incluyen duplicidades y registros incorrectos. La autoridad anunció un fortalecimiento del Plan Nacional de Búsqueda para reconstruir la trazabilidad histórica de los informes y evitar nuevas irregularidades administrativas.
El eco judicial y político del caso de Bernarda Vera Contardo —la mujer que figuró durante cinco décadas como detenida desaparecida y fue localizada recientemente en Argentina— ha derivado en una revisión profunda de los protocolos del Estado. Este jueves, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, confirmó que la situación de Vera no es un hecho aislado, revelando la detección de una docena de anomalías en los listados oficiales de víctimas de la dictadura.
Durante su participación en un foro sobre crimen organizado en la Universidad San Sebastián, el titular de Justicia detalló que las auditorías internas han permitido identificar 12 casos con inconsistencias. Según precisó la autoridad, el desglose de estas irregularidades apunta a nueve personas que fueron incorporadas erróneamente en los registros de detenidos desaparecidos, mientras que los casos restantes corresponden a situaciones de duplicidad de nombres,.
El factor de la trazabilidad histórica
La estrategia del Ministerio de Justicia apunta ahora a blindar la integridad de los datos contenidos en los informes oficiales. Para Rabat, estas discrepancias no deben ser vistas como un cuestionamiento a la búsqueda de justicia, sino como un llamado a mejorar los estándares técnicos de las investigaciones.
“Fortalecer el Plan de Búsqueda significa también que haya una mayor cantidad de personas que puedan analizar la situación, la trazabilidad histórica de cada una de las personas que están en estos informes y a eso nos vamos a abocar”, señaló el ministro,. En esa línea, Rabat explicó que el Decreto Supremo N.º 98, que regula el Plan Nacional de Búsqueda (PNB), mandata precisamente la revisión exhaustiva de la historia de cada persona incluida en las nóminas para garantizar la certeza de los procesos,.
Tensión por los plazos y auditorías en curso
El anuncio de Rabat ocurre en medio de una tensa controversia respecto a la gestión de la información entre la actual administración y sus antecesores. El ministro cuestionó la celeridad con la que se tramitaron los antecedentes del caso Vera, señalando que la situación era conocida al interior del Programa de Derechos Humanos desde principios de 2024, pero que el proceso de confirmación genética solo se cerró en julio de 2026,.
“Juzguen ustedes los hechos”, fustigó el secretario de Estado, aludiendo a los 15 meses que, según su versión, la información habría permanecido sin una reacción oportuna. No obstante, esta cronología ha sido refutada por exjefaturas del programa, quienes sostienen que los tiempos respondieron a las gestiones internacionales con Cancillería y a las órdenes dictadas por el ministro en visita Álvaro Mesa,.
En este escenario, la cartera de Justicia mantiene una auditoría vigente en la Subsecretaría de Derechos Humanos para determinar si hubo negligencias en el manejo de estos 12 casos detectados. Para el Gobierno, la prioridad radica en profesionalizar el análisis de antecedentes, evitando que errores administrativos afecten la fe pública o deriven en pagos injustificados de beneficios estatales, un punto que Rabat calificó previamente como una cuestión de “orden objetivo” ante el patrimonio fiscal.
