El fiscal nacional, Ángel Valencia, remitió al ente persecutor capitalino la denuncia del Servel tras detectar gastos no acreditados en los balances de 2023. La indagatoria se suma a la compleja trama judicial que ya enfrenta la colectividad por presunta falsificación de documentos y que arriesga quedar prescrita durante el próximo mes de agosto.
La crisis administrativa y financiera que golpea al Partido de la Gente (PDG) escaló al terreno penal de la zona centro de Santiago. El fiscal nacional, Ángel Valencia, determinó que la Fiscalía Centro Norte —repartición encabezada por el fiscal regional Francisco Jacir— será la encargada de tramitar la denuncia presentada por el Servicio Electoral (Servel) debido a graves inconsistencias en las cuentas de la colectividad correspondientes al ejercicio 2023.
La resolución de la máxima autoridad del Ministerio Público se adoptó tras un informe de la Unidad Especializada en Anticorrupción, Infracción a la Probidad y Lavado de Activos, liderada por Eugenio Campos. El foco de la nueva investigación apunta a “gastos no acreditados” que incluyen operaciones bancarias y pagos de arriendos sin el debido respaldo documental, hallazgos realizados por la división de fiscalización del Servel que podrían revestir carácter de delito.
El fantasma de la prescripción y las causas acumuladas
Esta nueva causa se integra a un escenario procesal ya convulsionado para el partido. Desde enero de 2024, la fiscal de Alta Complejidad, Patricia Cerda, lidera una indagatoria contra el expresidente del PDG, Luis Moreno, por la presunta obtención fraudulenta de fondos públicos mediante la falsificación de actas de constitución.
La urgencia en los tribunales es máxima, dado que esta arista original “arriesga quedar prescrita en el mes de agosto”, según advierten conocedores del expediente. A pesar de los testimonios que apuntan a irregularidades, la abogada querellante Elizabeth Rodríguez denunció una presunta inacción del Ministerio Público, señalando que la fiscalía les comunicó que “no va a formalizar, porque encuentra que no hay ningún delito y que el peritaje es insuficiente”.
“La firma no es mía” y la quema de evidencias
El expediente judicial que ahora se refuerza con la denuncia del Servel contiene relatos que describen una gestión interna opaca. Marjorie Catalán, integrante del Tribunal Supremo del partido, declaró bajo juramento que su rúbrica fue suplantada en documentos clave: “Yo no he suscrito ni firmado la referida acta, la firma estampada sobre mi nombre no es la mía, la desconozco plenamente”. Según su testimonio, el fin de estas falsificaciones era permitir que Moreno dispusiera de las millonarias sumas entregadas por el Estado entre 2021 y 2023.
A los cuestionamientos por firmas falsas se suma una denuncia por destrucción de pruebas. El militante Gonzalo Ward testificó haber presenciado un episodio en la sede del partido donde Luis Moreno “procedió a quemar cartolas bancarias frente a distintos militantes”, acto que habría ocurrido en octubre de 2021 en presencia de otros dirigentes y del entonces administrador de fondos.
Defensa interna y deudas millonarias
En la actual directiva, liderada por Denisse Catalán, apuestan por la transparencia para evitar la disolución de la colectividad. “Nosotros vamos a entregar todos los antecedentes, no tenemos ningún problema con eso, y colaborar en cada uno de los procesos para que se pueda clarificar”, sostuvo la presidenta, quien además confía en que podrán zanjar el balance de 2023 pese a que “hay gente que se fue del partido muy enojada y cuesta recabar ciertos intereses extra”.
Por otro lado, el exadministrador de fondos, Miguel Azar, quien renunció en septiembre de 2025, aseguró que bajo su gestión “no existe ninguna situación constitutiva de delito”. Azar vinculó los problemas financieros a la falta de gestión de la directiva y reveló un conflicto patrimonial con la tienda: “El partido me debería como más de $60 millones, $70 millones o algo así, por mi asesoría”.
Con la designación de la Fiscalía Centro Norte para unificar estas aristas, el futuro del PDG queda supeditado a la capacidad de los investigadores para desenredar una trama de documentos cuestionados y fondos sin respaldo, antes de que los plazos legales cierren definitivamente la puerta a posibles sanciones penales.
