En una diligencia simultánea en su domicilio y oficina parlamentaria, la Fiscalía retiró celulares y computadores del legislador independiente y su jefe de gabinete. La investigación busca acreditar la veracidad de una denuncia por el cobro de “cuotas” a trabajadores, un caso que el Senado desestimó por razones de forma pero que el Ministerio Público decidió perseguir de oficio.
La investigación por presuntas irregularidades en el uso de asignaciones parlamentarias en la zona austral sumó un capítulo determinante este viernes. Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) concretaron la incautación del teléfono celular y diversos equipos tecnológicos del senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic (Independiente pro Partido Social Cristiano), además de dispositivos pertenecientes a su equipo cercano, según reportó Radio Bío Bío
El procedimiento, autorizado por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, se ejecutó cerca de las 09:00 horas e incluyó la entrada y registro de la oficina parlamentaria del legislador en la capital regional, así como de su domicilio particular. De acuerdo con fuentes del caso, la diligencia también alcanzó al jefe de gabinete de Kusanovic, cuyos equipos electrónicos serán sometidos a peritajes para determinar si contienen evidencia relevante para la causa.
Una denuncia por “cuotas” forzadas
La causa, liderada por la fiscal Johanna Irribarra bajo la supervisión del fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, se activó de oficio tras la difusión en medios de comunicación de una denuncia ingresada originalmente ante la Unidad de Contraloría del Senado.
El denunciante es Rodrigo Gutiérrez, quien se desempeñó como encargado de la oficina parlamentaria de Puerto Natales entre marzo de 2022 y diciembre de 2025. Gutiérrez acusó haber sido despedido injustificadamente y, más grave aún, sostuvo que “el parlamentario presuntamente le había pedido que devolviera parte de su sueldo” mientras prestó servicios para la oficina senatorial.
El “portazo” de la Comisión de Ética
Antes de judicializarse, el caso fue analizado por la Comisión de Ética de la Cámara Alta, instancia que “desestimó los hechos por no existir legitimación activa”. Pese a que el organismo sugirió en ese momento al denunciante llevar los antecedentes ante la Fiscalía o las policías —paso que inicialmente no se concretó—, el Ministerio Público decidió abrir la indagatoria penal para esclarecer el eventual uso de las asignaciones parlamentarias.
Al respecto, el fiscal regional Crisosto confirmó que la medida intrusiva realizada este viernes es “una medida destinada a recopilar evidencia digital que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados”. Por ahora, los dispositivos se encuentran bajo custodia de la PDI para el análisis de mensajería y registros financieros que puedan confirmar o descartar el flujo de dinero desde los asesores hacia el parlamentario.
Hasta el cierre de esta edición, ni el senador Kusanovic ni su equipo de defensa han emitido pronunciamientos oficiales respecto de la diligencia que marca el hito más complejo en lo que va de su gestión legislativa.
