Mientras la Fiscalía de Concepción mantiene la calificación de cuasidelito de homicidio para los tripulantes del PAM Cobra, la defensa de los deudos jugará su última carta con un peritaje internacional a la “caja naranja”. La diferencia jurídica es crítica: pasar de un accidente por negligencia a una condena por aceptar el resultado fatal, lo que elevaría sustancialmente las penas de cárcel.
La investigación por el naufragio de la lancha Bruma, que dejó a siete pescadores desaparecidos tras colisionar con el buque industrial Cobra, tiene un nuevo episodio jurídico que enfrenta a la Fiscalía con los querellantes. Tras una reunión de más de dos horas con la fiscal regional, Marcela Cartagena, los familiares de las víctimas confirmaron que el Ministerio Público no pretende, por ahora, mover la aguja de la calificación jurídica: se reformalizará a los imputados por cuasidelito de homicidio.
Esta decisión ha profundizado la disconformidad de los deudos, quienes consideran que la tipificación actual no hace justicia a la gravedad de los hechos ocurridos en el mar de Coronel. Según explicó Soledad Sepúlveda, esposa y madre de dos de los desaparecidos, “esto tuvo dolo, el cargo sigue siendo el mismo, homicidio culposo. Pensamos que había un cambio y no (…) vamos a seguir buscando esa prueba que nos va a hacer cambiar la historia”.
La frontera entre la culpa y el dolo
El conflicto central de la causa radica en el estándar de responsabilidad que se aplicará a los tripulantes Roberto Mansilla, Luis Macaya y Jaime Sandoval, además de la pesquera Blumar como persona jurídica. Actualmente, la Fiscalía sostiene la tesis del cuasidelito o homicidio culposo, que se configura cuando el resultado de muerte se produce por una imprudencia temeraria o falta de cuidado, pero sin la intención de matar ni la aceptación de ese riesgo. Bajo este marco, las penas son significativamente menores, partiendo en los 541 días y llegando a un máximo de cinco años de presidio.
En la vereda opuesta, el abogado querellante Rafael Poblete persigue acreditar el homicidio con dolo eventual. En términos judiciales, esto implicaría demostrar que la tripulación del Cobra no solo fue negligente, sino que se representó la posibilidad de haber colisionado con una embarcación menor y, pese a ello, decidió continuar su marcha sin prestar auxilio.
“¿No le parece muy extraño que hayan desaparecido las imágenes justo del día 29 y 30, y existan imágenes del día 31?”, cuestionó Poblete, agregando que si sintieron el impacto y no volvieron a ayudar, eso “prueba el dolo eventual y la omisión de auxilio, la cobardía de no ayudar a esa tripulación”. De establecerse esta tesis, la pena superaría con creces los cinco años, entrando en el rango de los crímenes de mayor gravedad.
La “Caja Naranja”: El perito extranjero entra en escena
Para romper este cerco jurídico, la defensa de las familias anunció una nueva ofensiva técnica. Ante el fracaso de las diligencias realizadas previamente por el FBI y la Gendarmería francesa, que no lograron rescatar las imágenes del momento exacto del impacto desde la “caja naranja” del PAM Cobra, los querellantes encargaron un estudio privado.
“Hemos encargado una pericia a un experto internacional extranjero, quien está sometiendo a nuevas pericias la caja naranja y esperamos poder rescatar la información que allí está”, reveló Poblete. Este dispositivo es clave, ya que almacena datos de recorrido, velocidad, desplazamiento y, potencialmente, registros del puente de mando que permitirían reconstruir la reacción de los oficiales tras la colisión.
Horizonte judicial: Reformalización y cambio de mando
El caso Bruma enfrenta además una transición institucional. Esta fue la última reunión de las familias con Marcela Cartagena antes de que el fiscal Roberto Garrido asuma la jefatura regional en agosto. Los deudos mantienen la esperanza de que el nuevo fiscal regional tome el caso con una mirada distinta basándose en los nuevos informes de la PDI y la Armada que están en curso.
La cita definitiva en el tribunal será el próximo 1 de octubre en el Juzgado de Garantía de Coronel. En esa audiencia se discutirá la reformalización de cargos —que el abogado de Blumar calificó como una instancia para “corregir deficiencias” de la Fiscalía— y la ampliación del plazo de investigación para ejecutar nueve diligencias críticas que podrían, finalmente, dar el giro hacia el dolo que exigen las familias.
