El equipo legal del senador independiente solicitó al Fiscal Nacional designar un nuevo persecutor acusando falta de objetividad en la Fiscalía de Aysén. En paralelo, presionan al Tribunal Constitucional para suspender el proceso antes de la audiencia de este lunes, mientras el CDE califica las acciones como una “maniobra dilatoria”.
La situación judicial del senador Miguel Ángel Calisto (Ind.) sumó una nueva arista, en el contexto de la acusación en su contra por fraude al Fisco reiterado. Hace pocos días, su defensa, liderada por los abogados Jorge Bofill y César Ramos, activó una estrategia múltiple que incluye una solicitud reservada ante el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, para apartar de las pesquisas a la Fiscalía Regional de Aysén.
Según reveló La Tercera, los defensores del parlamentario requirieron que la indagatoria pase a manos de otro persecutor, cuestionando la labor del fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky. La defensa argumenta que existe un sesgo insalvable en la conducción de la causa, especialmente tras la decisión de la fiscalía local de no perseguir un presunto delito de obstrucción a la investigación cometido mediante documentos falsificados por otros imputados del caso.
Cambio en la fiscalía de Aysén
Para el equipo jurídico de Calisto, el proceder de la fiscalía regional es incompatible con la imparcialidad necesaria para un juicio justo. El abogado César Ramos sostuvo que la institución cuenta hace meses con informes que acreditarían la falsedad de ciertos documentos, pero ha omitido actuar al respecto. “Esa forma de proceder es incompatible con el principio de objetividad y pareciera confirmar que no existe un interés real en investigar imparcialmente los hechos atribuidos al senador”, afirmó el penalista al medio citado.
Otro punto de fricción es la vinculación del actual equipo con la gestión del exfiscal regional Carlos Palma. La defensa critica que los mismos funcionarios que trabajaron bajo el mando de Palma pretendan investigar ahora las denuncias del imputado Roland Cárcamo, quien sostuvo que habrían existido sobornos para cerrar la causa contra el senador en el pasado. “La transparencia y la objetividad exigen que la Fiscalía Regional de Aysén no pueda investigarse a sí misma respecto de los hechos denunciados por el señor Cárcamo“, añadió Ramos.
La presentación ante el Tribunal Constitucional
En paralelo a la solicitud ante Valencia, la defensa de Calisto intensificó sus gestiones ante el Tribunal Constitucional (TC). Aunque el organismo admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad el pasado 15 de julio, no accedió a la suspensión inmediata del procedimiento. Ante esto, los abogados insistieron con urgencia este lunes, advirtiendo que de no congelarse la causa, “el requerimiento de inaplicabilidad deducido quedará privado de cualquier efecto, perdiendo su oportunidad”.
La premura responde a que el próximo 27 de julio el Juzgado de Garantía de Coyhaique debe revisar una solicitud para ordenar al Ministerio Público la realización de nuevas diligencias. La defensa espera que el TC paralice el caso antes de esa fecha para evitar lo que consideran riesgos procesales derivados del avance hacia el juicio oral.
La respuesta de la Fiscalía y el CDE
Tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) han manifestado un rechazo categórico a las pretensiones del senador. La fiscal nacional (S), Carmen Gloria Wittwer, presentó un documento argumentando que la suspensión es improcedente debido a que la investigación ya se reabrió y se han estado ejecutando gran parte de las diligencias pedidas por la propia defensa.
Por su parte, el procurador fiscal del CDE, Marcelo Chandía, fue más allá al calificar el actuar de los penalistas como un “patrón procesal abusivo que busca paralizar la acción de la justicia ordinaria por el delito de fraude al Fisco”. Según el organismo, la reiteración de la solicitud de suspensión constituye una “maniobra dilatoria evidente” y un intento de desgaste institucional para evitar que el parlamentario enfrente las fases finales del enjuiciamiento criminal. El CDE recalcó que suspender la causa ahora impediría incluso la audiencia donde se deben debatir las diligencias que el propio Calisto reclama, lo que califica como un “absurdo jurídico”.
