En una declaración de 122 páginas ante la Fiscalía de Alta Complejidad, el accionista Alfredo Harz detalló cómo supuestamente se gestó la adquisición de la concesionaria de Universidad de Chile, apuntando a Victoriano Cerda como el financista en las sombras. El testimonio describe un esquema de “temor reverencial” y presiones para destruir evidencia ante la intervención de la CMF.
La crisis que terminó con la intervención del Grupo Sartor por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a fines de 2024 ha escalado al plano penal con revelaciones que golpean el centro de la administración del holding. Según un reportaje de La Tercera, que tuvo acceso a la pieza central de la investigación, el socio Alfredo Ignacio Harz Castro —dueño del 18% de la matriz— prestó una declaración de casi 15 horas ante el fiscal adjunto Juan Pablo Araya. En el documento, Harz rompe filas con el excontrolador del grupo, Pedro Pablo Larraín Mery, describiendo una estructura donde la administradora funcionaba como una “extensión operativa” de los intereses personales de Larraín.
El contexto de los hechos se remonta a diciembre de 2024, cuando la CMF ordenó la intervención de la Administradora General de Fondos (AGF) y caducó su permiso para operar tras detectar un deterioro crítico en los fondos administrados. De acuerdo con el testimonio de Harz, en medio de la fiscalización, Larraín le instruyó deshacerse de su teléfono celular y borrar su contenido, entregándole un equipo nuevo para evitar el rastro de las conversaciones. El socio describe a Larraín como la “mente” detrás del grupo, una personalidad dominante que generaba un clima de “temor reverencial” entre los empleados y socios.
La trama de Azul Azul: Fondos y financistas ocultos
Uno de los capítulos más sensibles de la declaración de Harz se refiere a la compra de Azul Azul, la concesionaria del club de fútbol Universidad de Chile, en 2021. Según relata el socio, la idea fue de exclusiva autoría de Pedro Pablo Larraín, quien le manifestó que “él no podía ser la cara visible de esta adquisición, porque siempre ha estado muy identificado con la Universidad Católica”.
Para financiar la operación, Harz detalla que se utilizaron cerca de $4.000 millones provenientes de tres fondos de inversión de Sartor (Táctico, Leasing y Proyección), los cuales se canalizaron mediante préstamos a sociedades intermedias hasta llegar al fondo Tactical Sport. Sin embargo, el valor total de las acciones adquiridas a Carlos Heller superaba los $10.000 millones, dejando una brecha financiera que no fue explicada en su momento.
La pieza clave del testimonio vincula directamente a un actor externo en el financiamiento del club universitario. Harz afirmó ante la fiscalía que, recién en 2024, supo que el saldo restante —superior a los $8.000 millones— fue obtenido “a través de Marinvest SpA, sociedad que entiendo está relacionada de algún modo a Victoriano Cerda”, ex socio del club Huachipato. Esta revelación conecta con la operación de diciembre de 2024, cuando —días antes de la revocación de Sartor por la CMF— se acordó vender las cuotas de Tactical Sport a Michael Clark, actual presidente del club, a través de su sociedad Inversiones Antumalal.
Firmas en la calle y la “tormenta perfecta”
El relato de Harz expone la precariedad y la urgencia con la que se manejaron los activos de la concesionaria ante la inminente caída del grupo financiero. Según el documento citado por La Tercera, el socio firmó documentos de compraventa sin conocer sus detalles operativos, presionado por la presencia de Cerda y Marcelo Pesce en las oficinas de Sartor, a quienes calificó como “peces muy pesados”. Incluso, relata que en una ocasión posterior, Michael Clark lo citó en la vía pública para actualizar la documentación: “estacioné, me bajé del vehículo, y firmé el documento, que me presentó Michael Clark, encima del capot de mi auto”.
En términos financieros, Harz describe que Sartor enfrentó una “tormenta perfecta” provocada por la decisión de Larraín de realizar inversiones ilíquidas y de largo plazo mientras la firma sufría rescates masivos de aportantes institucionales, como Sura y la UNAB, por un total de $70.000 millones. El socio admitió que, aunque trató el tema con su psicóloga y practicó formas de renunciar, nunca se atrevió a confrontar a Larraín debido a la presión psicológica que ejercía. La fiscalía ahora analiza esta ruta de flujos que incluye, además, préstamos a personas vinculadas a otros casos de alta exposición pública, lo que complica aún más el horizonte judicial del excontrolador de Sartor.
