El desistimiento de Mountain Capital Partners (MCP) de adquirir Andacor (El Colorado y Farellones) puso fin a la mayor operación de concentración en la industria de nieve chilena. El organismo de competencia advirtió que la creación de un “cuasi monopolio” otorgaría incentivos para subir precios y reducir la calidad del servicio, desestimando las promesas de inversión por ser medidas meramente “conductuales”.
La ambición de consolidar un dominio esquiable único en el hemisferio sur, bajo el mando del grupo estadounidense Mountain Capital Partners (MCP), terminó por disolverse en los pasillos de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). El pasado 17 de julio, las partes informaron formalmente el retiro de la operación, cerrando un proceso de análisis que se extendió por casi un año y que buscaba fusionar bajo un solo operador a Valle Nevado, La Parva, El Colorado y Farellones.
La caída de la transacción no fue un evento súbito, sino el resultado de un diagnóstico lapidario contenido en el Informe de Riesgos que la FNE entregó a las empresas el 8 de junio de 2026. En dicho documento, el ente persecutor detalló que la adquisición de Andacor por parte de MCP —que ya controla Valle Nevado y La Parva— habría generado una “estructura de mercado de un cuasi monopolio” en la comercialización de entradas para esquí en la Región Metropolitana y zonas aledañas.
El fracaso de las medidas de mitigación
Durante la Fase 2 de la investigación, MCP e Inversiones Cururo (propietaria de Andacor) intentaron salvar la fusión mediante tres propuestas de mitigación que incluían compromisos de inversión y nuevos productos comerciales. Sin embargo, la FNE fue taxativa al rechazar estas fórmulas por considerarlas insuficientes ante la magnitud del riesgo estructural.
Para la Fiscalía, los ofrecimientos de las empresas “se limitaban exclusivamente a compromisos temporales de carácter conductual, enfocados en regular las variables competitivas del mercado”. El organismo argumentó que estas medidas buscaban “sustituir la competencia por políticas comerciales y no remediaban los riesgos permanentes a que daba lugar la operación”, concluyendo que no eran idóneas para impedir que la transacción “redujera sustancialmente la competencia”.
La exigencia de desinversión: El punto de no retorno
El conflicto judicial y técnico escaló cuando la autoridad planteó que la única vía para visar la operación era la aplicación de medidas estructurales. Esto, en la práctica, significaba que MCP debía desprenderse de uno de los centros de esquí para permitir el ingreso de un tercer competidor al área de los “Tres Valles”.
Esta exigencia fue la que finalmente dinamitó el acuerdo. En una declaración conjunta, las partes señalaron que “tales medidas son incompatibles con los objetivos de inversión de MCP y el objetivo de las partes de crear uno de los destinos de montaña más grandes y accesibles del mundo”. Para los grupos involucrados, vender uno de los activos eliminaba la integración territorial que era, precisamente, el sustento económico de la compra.
Tensión entre competencia local y proyección global
La decisión de la FNE ha generado un fuerte debate en el sector turismo. Desde Fedetur, su presidenta Mónica Zalaquett criticó que se aplicaran criterios de “mercado doméstico a un proyecto de vocación global”, argumentando que estos centros compiten en realidad con destinos como los Alpes o Aspen.
No obstante, la resolución de archivo dictada por la FNE el 20 de julio subraya que su mandato es proteger el bienestar de los consumidores locales. Según la investigación, la entidad resultante habría tenido la “habilidad e incentivos para aumentar los precios de las entradas a los centros de esquí, reduciendo además los incentivos para realizar inversiones”. Con el archivo de los antecedentes, el mercado mantendrá su estructura actual, dejando en suspenso la profesionalización de la infraestructura de montaña que el inversionista extranjero prometía inyectar en la cordillera de Santiago.
