El ente fiscalizador cerró el sumario contra la autoridad de Ñuñoa tras confirmar que exigió parte del sueldo a una excolaboradora y ejerció actos de acoso laboral. La resolución fue remitida al Ministerio Público ante la posible existencia de hechos de carácter penal, mientras el Concejo Municipal deberá evaluar su permanencia en el cargo.
La situación administrativa y judicial de la concejala de Ñuñoa, Daniela Bonvallet (Ind.-RN), dio un giro definitivo esta semana. La Contraloría General de la República concluyó el sumario instruido en su contra, acreditando su responsabilidad por actos constitutivos de acoso laboral y una vulneración grave al principio de probidad administrativa. La resolución surge tras la denuncia presentada en 2025 por su exasesora, Jimena Covarrubias Ugarte, quien acusó dinámicas de presión económica y maltrato en el ejercicio de sus funciones, según publicó The Clinic
El caso, que se hizo público en agosto del año pasado, describe un mecanismo de cobros irregulares al interior de la oficina de la concejala. Según el informe del ente fiscalizador, se acreditó que Bonvallet le exigió a Covarrubias el pago de $1 millón de su sueldo, correspondiente a los dos primeros meses de labores, como una condición para acceder al puesto y asegurar su continuidad en el empleo. Además, la investigación determinó que la autoridad requirió diversos préstamos de dinero a su subordinada, configurando una falta ética y administrativa sustancial.
“Menoscabo permanente” y la salida de la asesora
Para la Contraloría, la conducta de la concejala no se limitó a la exigencia de dinero, sino que se tradujo en una afectación directa a la integridad de la trabajadora. En el oficio de formulación de cargos se estableció que Bonvallet sometió a la asesora a un “permanente menoscabo”, lo que terminó perjudicando tanto su situación laboral como sus proyecciones dentro del municipio.
El contexto de los hechos revela una asimetría de poder que culminó en la desvinculación de la denunciante. Covarrubias fue destituida de la Municipalidad de Ñuñoa en mayo de 2025, precisamente tras una solicitud formal realizada por la propia Daniela Bonvallet. Este antecedente fue clave para que el organismo de control determinara que los actos de acoso laboral tuvieron un impacto concreto en la estabilidad laboral de la asesora.
La vía penal y el futuro político
Tras acreditar la responsabilidad administrativa, la Contraloría activó las vías de sanción externa. El ente fiscalizador remitió los antecedentes al Ministerio Público, argumentando la “eventual existencia de hechos que revisten caracteres de delito”. Con esta medida, la Fiscalía deberá iniciar una investigación penal para determinar si el cobro de parte del sueldo a una empleada pública bajo condiciones de presión constituye una figura delictiva, como la exacción ilegal o la concusión.
En el plano político, el organismo instruyó al Secretario Municipal poner el sumario en conocimiento del Concejo Municipal de Ñuñoa. De acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades, esta instancia es la facultada para resolver si la gravedad de las faltas acreditadas por Contraloría justifica una solicitud de cesación del cargo o inhabilidad de la concejala ante el Tribunal Electoral Regional. La resolución del ente que dirige Dorothy Pérez deja a Bonvallet en una posición de extrema fragilidad, enfrentando ahora un escenario de persecución penal y un posible juicio de remoción por faltar gravemente a los deberes de su cargo.
