Durante la última Cuenta Pública del Congreso, la senadora Paulina Núñez calificó como una “deuda histórica” el retraso de casi dos décadas en la modificación del Código Civil. La iniciativa, que busca instaurar la coadministración de los bienes, se mantiene actualmente en su segundo trámite constitucional tras ser ingresada originalmente en 2011.
El debate sobre la modernización de las estructuras patrimoniales del matrimonio en Chile volvió a la primera línea de la agenda legislativa. En el marco de la reciente Cuenta Pública del Congreso, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), realizó un llamado explícito al Ejecutivo para otorgar prioridad a la reforma que modifica el Código Civil en materia de sociedad conyugal. La parlamentaria enfatizó que el país mantiene una deuda de casi 20 años con esta materia, señalando que el avance hacia la igualdad jurídica no puede seguir postergándose para “mujeres reales” que hoy se ven limitadas por la normativa vigente.
Bajo el régimen actual, el Código Civil establece que es el marido quien administra el patrimonio de los contrayentes. Esta potestad incluye tanto los bienes que cada uno poseía antes de la unión como aquellos adquiridos durante la vigencia del vínculo. Para la presidencia del Senado, esta estructura representa una asimetría que no guarda relación con los estándares de igualdad que Chile ha reconocido en otros ámbitos del derecho.
La tesis de la coadministración y el acuerdo mutuo
El núcleo de la reforma propuesta busca transformar radicalmente la gestión de los activos matrimoniales. El proyecto establece como regla general la coadministración de los bienes sociales, terminando con la figura del administrador único por defecto. Desde una perspectiva judicial y técnica, la iniciativa faculta a los cónyuges para que, de común acuerdo (de consuno), designen a cuál de los dos le corresponderá la administración de los bienes, eliminando la imposición legal basada en el género.
Esta modificación no solo apunta a un cambio en la titularidad de la gestión, sino que busca otorgar herramientas de igualdad jurídica efectiva para las mujeres dentro del régimen patrimonial más común en el país. La propuesta de coadministración permitiría que ambos integrantes del matrimonio tengan voz y voto en las decisiones financieras y de disposición de activos que afectan el patrimonio familiar.
Un trámite de 15 años en el Congreso
Pese a la relevancia social de la materia, la trayectoria legislativa del proyecto ha sido extensa y fragmentada. La iniciativa fue ingresada originalmente por el Servicio Nacional de la Mujer en abril de 2011, acumulando ya más de 15 años de tramitación parlamentaria. En la actualidad, el texto se encuentra en su segundo trámite constitucional, etapa en la que la senadora Núñez instó a quienes tienen la responsabilidad de conducir la discusión legislativa a acelerar su despacho definitivo.
El llamado de la senadora busca que el Gobierno utilice sus facultades de urgencia para cerrar un ciclo de reformas al derecho de familia que ha quedado estancado en la administración de los bienes. De concretarse, la reforma representaría uno de los cambios más significativos al Código Civil en décadas, alineando la legislación patrimonial con los principios de no discriminación y autonomía de la voluntad que rigen el derecho civil contemporáneo.
