César Rodrigo Márquez, quien lideró el área de Presupuesto y Gestión por dos décadas, interpuso una acción de tutela laboral acusando que la plana mayor de la minera, incluidos Máximo Pacheco y Rubén Alvarado, ejercieron presiones extremas para cumplir con las cifras de 2025. La defensa sostiene que el ejecutivo fue usado como “chivo expiatorio” de una operación corporativa diseñada desde la cúpula para salvar los números de cierre de año mediante la inclusión irregular de subproductos en proceso como si fuera cobre terminado.
El 2° Juzgado del Trabajo de Santiago tramita actualmente una de las disputas legales más complejas y de mayor cuantía que ha enfrentado la alta dirección de Codelco. El pasado 6 de julio, el exgerente de Presupuesto y Control de Gestión, César Rodrigo Márquez, oficializó una denuncia por vulneración de derechos fundamentales tras ser desvinculado de la estatal el 20 de mayo pasado. El profesional, que contaba con una trayectoria de 20 años en la minera, exige una indemnización total de $1.440.916.814, argumentando un despido injustificado y un daño moral profundo derivado del escrutinio público al ser señalado como el único responsable de una supuesta manipulación contable, según consignó La Tercera
El núcleo del conflicto, según la auditoría interna de la empresa, radica en que Márquez habría “abultado” la producción de 2025 al incluir indebidamente cerca de 20 mil toneladas de óxidos de cobre y un añadido adicional de 6.875 toneladas contenidas en arsenito de calcio. Sobre este último punto, la acción legal entrega detalles reveladores acerca de lo que internamente se denominaba como los “polvos de Montecristo”. La demanda es enfática al señalar que “la inclusión de los polvos (de Montecristo, como se le llamaba al arsenito de calcio) y óxidos no fue un ‘invento’ del Sr. Márquez, dado que esto no está dentro de sus facultades, sino que formaba parte de una instrucción corporativa conocida como ‘operación rastrillo’”.
En términos técnicos y fácticos, estos polvos de arsenito de calcio, provenientes de la división Ministro Hales, no eran producto terminado para la venta, sino materiales que debían ser procesados por Ecometales, una filial de Codelco. La demanda explica que este procedimiento para convertir el material en un producto comercializable podía tardar hasta seis años y, de hecho, representaba una pérdida financiera de entre US$ 7 millones y US$ 50 millones para la estatal. Pese a este escenario, Márquez sostiene que el objetivo de la cúpula corporativa era “poner en valor todo material con cobre para salvar las cifras de fin de año, sin importar si generaba pérdidas”, operación que habría sido visada por altos vicepresidentes de la compañía.
La estrategia de la defensa, liderada por el abogado Juan Pablo Hermosilla, apunta a que Márquez actuó bajo un clima de “presiones extremas e instrucciones explícitas emanadas desde la cúspide jerárquica” para que la producción de 2025 superara a la de 2024. El libelo relata un episodio crítico del 31 de diciembre de 2025, cuando el entonces presidente ejecutivo, Rubén Alvarado, habría citado a Márquez para ordenarle textualmente: “hagan lo que tengan que hacer, pero tenemos que cumplir”. Con este relato, el demandante busca demostrar que la inclusión de los polvos y óxidos fue una respuesta directa a una política de cumplimiento forzoso validada por el directorio.
Por otro lado, la demanda cuestiona la validez de la auditoría que justificó el despido, acusando un “error normativo insubsanable”. Márquez alega que los auditores utilizaron parámetros desactualizados, como un instructivo de 2013 y una norma de 1992, en lugar de aplicar las versiones vigentes de 2022, lo que a su juicio demuestra que el proceso fue un “traje a la medida” para exonerar a la alta dirección y sancionarlo a él de forma aleccionadora.
En cuanto a las pretensiones económicas, el monto de $1.440 millones se fundamenta en una remuneración bruta mensual que superaba los $24 millones. El detalle incluye $267 millones por años de servicio, $89 millones por feriados no devengados y la restitución de incentivos anuales y de permanencia que suman más de $270 millones, además de $800 millones por daño moral. Dado el volumen de la prueba y la complejidad de los cargos, el tribunal fijó la primera audiencia preparatoria recién para el 26 de mayo de 2027, lo que mantendrá este foco de conflicto abierto durante gran parte del actual ciclo administrativo de la minera.
