La acción legal, presentada ante el Juzgado de Letras de Buin, relata las graves negligencias de seguridad que terminaron con un trabajador atrapado bajo los carros de una montaña rusa en el “Parque Zandia” de Paine. La acción judicial apuntó a un grupo de empresas vinculadas a la familia Kast Rist, exigiendo una reparación de $80 millones por las secuelas físicas y el daño psicológico tras el siniestro ocurrido en 2019.
La construcción del “Centro de Eventos y Cultura Parque Zandia”, un ambicioso proyecto recreativo de 70 mil metros cuadrados en la comuna de Paine, quedó marcada judicialmente por un grave accidente que afectó a la cuadrilla de trabajadores extranjeros encargada de las faenas. El protagonista de la acción legal es Donald Georges, un ciudadano de nacionalidad haitiana que prestaba servicios como jornalero de construcción para la empresa Café Los Alpes Limitada, representada legalmente por Christian Kast Rist.
El conflicto, según reveló El Mostrador, llegó a tribunales a través de una demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo interpuesta contra el empleador directo y otras tres entidades del mismo grupo económico: Parque Zandia Limitada, Cecinas Bavaria Limitada y el propio Christian Kast Rist como persona natural. En el documento, la defensa de Georges alegó que todas estas empresas operan bajo una unidad económica y una dirección de mando común con domicilio en la Parcela N° 214 de Paine.
El día del siniestro: “El primer carro me pasó sobre ambas piernas”
Los hechos se remontan a la mañana del lunes 14 de octubre de 2019. Según la relación circunstanciada de la demanda, Georges ingresó a las 08:30 horas para realizar sus labores habituales de jornal, pero recibió una orden que lo alejó de sus funciones contractuales de construcción y aseo. Su jefe directo le solicitó ayuda para mover unos carros de un juego de entretención que estaban siendo instalados.
El relato del trabajador contenido en la demanda, describe con crudeza el momento del impacto: “Mi jefe activó la máquina pensando en que estos avanzarían en retroceso, sin embargo, cuando la montaña rusa comenzó a funcionar los carros avanzaron por los rieles hacia el frente, justo en donde yo me encontraba parado empujando”. La maniobra imprevista no dio tiempo de reacción a Georges, quien fue golpeado por la espalda y aplastado por el primer carro, el cual pesaba aproximadamente 150 kilos.
La desesperación se apoderó de la faena durante los minutos siguientes. Georges relata en el escrito que “estuve alrededor de 15 a 20 minutos atrapado debajo del carro de la montaña rusa, y debido a los intensos dolores, el pánico y la desesperación de verme debajo de este, perdí el conocimiento en diversas oportunidades”. Sus compañeros debieron recurrir a palancas de fierro e incluso una máquina cortadora para lograr liberarlo y trasladarlo de urgencia a la Mutual de Seguridad.
Incumplimiento del deber de seguridad
Desde el punto de vista jurídico, la demanda se centró en la infracción del artículo 184 del Código del Trabajo, que obliga al empleador a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los operarios. El demandante sostuvo que hubo omisiones graves, tales como “enviarme a realizar labores distintas a las cuales fui contratado… incluso debiendo operar y/o maniobrar maquinarias para las que no recibí instrucción ni preparación”.
El diagnóstico médico confirmó la gravedad del siniestro: fracturas en ambos pies (incluyendo fracturas expuestas), fractura de metatarsiano y fracturas bilaterales de tibia y peroné. Tras cinco meses de tratamiento, los médicos comunicaron al trabajador que quedaría con secuelas permanentes, lo que derivó en un profundo cuadro de estrés postraumático. “He sufrido un tremendo daño psicológico, tengo crisis de pánico e insomnio. Siento mucha angustia por mi futuro ya que no podré trabajar en lo de antes”, explica Georges en el documento judicial.
El cierre del conflicto
La pretensión económica del demandante ascendía a los $80.000.000 por concepto de daño moral, argumentando que la empresa actuó con una “culpa levísima” al no evaluar los riesgos de enviar a personal no capacitado a operar juegos eléctricos.
A pesar de que los abogados de la familia Kast interpusieron inicialmente incidentes de nulidad para cuestionar las notificaciones judiciales, estos fueron rechazados por el tribunal. Finalmente, en octubre de 2021, las partes alcanzaron un avenimiento que puso término a la tramitación de la causa, dejando atrás la disputa pública por las condiciones laborales en las que se levantó el polémico parque de diversiones.
