El Ministerio de Relaciones Exteriores notificó formalmente a la Corte de Apelaciones de Antofagasta sobre la luz verde otorgada por las autoridades europeas para concretar la entrega de la otrora autoridad comunal. El proceso entra en su etapa final con la coordinación de Interpol para el traslado de la condenada, quien permanece recluida en una cárcel de Utrecht.
El proceso de extradición de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo Venegas, registró un hito decisivo este jueves. Tras años de tramitación internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó a la Corte de Apelaciones de Antofagasta que las autoridades judiciales de los Países Bajos han puesto a la requerida a disposición del Estado chileno para concretar su retorno y el cumplimiento de su condena efectiva.
La notificación se materializó mediante el Oficio Reservado N° 2700, remitido al tribunal el pasado 6 de julio por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cancillería. En dicho documento, la directora de la unidad, Fernanda Carcés, comunica que la Embajada de Chile en los Países Bajos recibió la confirmación de las autoridades competentes para avanzar con la entrega física de la exjefa municipal.
Coordinación de Interpol y traslado policial
Con la autorización judicial europea ya ratificada, el enfoque del procedimiento se traslada ahora a la ejecución operativa. La Cancillería ya ha notificado la resolución a Interpol Santiago, organismo encargado de gestionar la comisión de servicio para que un contingente policial viaje al país europeo para custodiar el retorno de Rojo a territorio nacional.
Karen Rojo se encuentra actualmente recluida en el centro penitenciario de Utrecht, luego de que huyera de Chile en marzo de 2022, el mismo día en que la Corte Suprema ratificara su sentencia condenatoria.
El trasfondo penal: El “Caso Main”
La extradición de la exalcaldesa responde a la condena de cinco años y un día de presidio efectivo impuesta en su contra como autora de los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible. La investigación, conocida judicialmente como el “Caso Main”, acreditó que la otrora autoridad utilizó fondos municipales para contratar servicios de asesoría comunicacional destinados exclusivamente a mejorar su imagen política personal.
El fallo judicial estableció que estas maniobras constituyeron un perjuicio al erario público de la capital regional, razón por la cual la justicia chilena persistió en el requerimiento internacional desde su detención en Europa en julio de 2022. Con la puesta a disposición informada esta semana, el sistema judicial chileno queda a la espera del arribo de la condenada para que comience el cumplimiento de su pena en un recinto penitenciario nacional.
