El titular de Seguridad Pública enfatizó la seriedad con la que el Ejecutivo aborda las denuncias de corrupción interna en la policía civil, mientras se revelan detalles del incidente donde el oficial resultó herido al intentar burlar su custodia policial. La investigación, que suma la existencia de una servilleta con nombres de presuntos implicados, permanece bajo estricta reserva judicial.
El Gobierno, a través del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, salió a marcar una postura de “máxima seriedad” frente a la crisis que envuelve al subcomisario de la PDI, Rodrigo Silva. El secretario de Estado fue enfático al señalar que “la potencial corrupción y los actos que puedan denunciarse dentro de las instituciones no hay que dejarlos pasar, hay que estudiarlos, analizarlos”, confirmando que ya se coordinó con el Director General de la PDI, Eduardo Cerna, para aplicar todos los protocolos de una investigación penal.
Estas declaraciones del Ejecutivo llegan en un momento crítico de la secuencia de hechos desde el pasado martes. En las últimas horas, la situación del oficial de la BIRO Vitacura sumó antecedentes que complejizan su estado de salud y su situación procesal: Silva debió ser trasladado de urgencia al Hospital de Carabineros tras sufrir lesiones de carácter leve en el cuello y la muñeca.
La evasión del resguardo policial
El detective ,quien contaba con protección de Carabineros en el exterior de su vivienda, logró burlar la custodia cerca de las 23:19 horas del miércoles, saliendo de su hogar con rumbo desconocido. El incidente que derivó en sus actuales lesiones ocurrió durante la madrugada de este jueves, cuando Silva regresó a su domicilio e intentó ingresar pasando a través de una de las ventanas, acción que le provocó los cortes por los que hoy permanece internado, fuera de riesgo vital.
Este nuevo episodio se suma a la trama iniciada el martes, cuando el funcionario se parapetó en un edificio de Las Condes gritando “me van a matar” y denunciando ser víctima de una red de corrupción institucional. En esa línea, se reveló que antes del operativo, Silva hizo llegar a sus familiares una fotografía de una servilleta con varios nombres escritos, advirtiendo que, si algo le ocurría, dichas personas estarían involucradas en su deceso.
Investigación de Alta Complejidad
Desde el punto de vista judicial, el caso ya no solo se limita a la contención de una crisis de salud mental, sino que ha derivado en una causa penal robusta. El Ministerio Público confirmó que la investigación es de carácter reservado y está en manos del fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda.
Para asegurar la imparcialidad del proceso, todas las diligencias están siendo ejecutadas por el OS9 de Carabineros, organismo que deberá periciar tanto las denuncias de corrupción y amenazas vertidas por el subcomisario como las circunstancias exactas en las que se produjeron sus últimas lesiones. Por ahora, el Gobierno insiste en que, aunque son denuncias que deben ser acreditadas, el compromiso es investigar con “todo el rigor” cualquier indicio de irregularidad en las filas policiales.
