Con un amplio apoyo de 37 votos a favor, la Cámara Alta aprobó en general el proyecto que busca fortalecer las sanciones para menores que cometen delitos graves. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, detalló las seis indicaciones que presentará el Ejecutivo para cerrar “vacíos del sistema” y asegurar el cumplimiento efectivo de las penas en régimen cerrado.
Lo que comenzó como una moción parlamentaria para responder al alza de delitos violentos cometidos por menores ha tomado un nuevo impulso con el respaldo casi unánime del Senado. Durante la jornada del martes, la Sala aprobó la idea de legislar sobre la reforma a la Ley N° 20.084, abriendo paso a un paquete de indicaciones que impulsa el gobierno a través del ministro de Justicia, Fernando Rabat
Rabat, destacó el apoyo transversal a la iniciativa y adelantó el contenido de las seis indicaciones que el Ejecutivo ingresará antes del próximo 17 de julio, fecha límite fijada por la Comisión de Constitución.
Las seis indicaciones para “reforzar” la ley
El plan del Gobierno busca atacar diversos nudos críticos del sistema de justicia juvenil, desde la reiteración de delitos hasta el cumplimiento de las condenas de quienes están próximos a la mayoría de edad.
- Ampliación del catálogo para régimen cerrado: Se busca extender la lista de delitos considerados “muy graves” para que los adolescentes de entre 14 y 16 años cumplan obligatoriamente sus penas en un sistema de régimen cerrado.
- Restricción de beneficios judiciales: Actualmente, en penas de entre tres años y un día y cinco años, los jueces poseen tres opciones de cumplimiento, incluyendo la libertad. La indicación busca “restringir esas tres opciones a solamente dos, que corresponden a cumplir la pena en régimen cerrado porque nos parece que el delito es muy grave”.
- Endurecimiento por reincidencia: Se establecen reglas de reiteración para que, si un menor comete múltiples ilícitos, “se va a aplicar una pena mayor a la que actualmente le corresponde”.
- Traslado a recintos penitenciarios comunes: Una de las medidas más comentadas establece que, cuando un adolescente cumpla 17 años y seis meses y le reste una condena que exceda los 18 años de edad, esta “se va a cumplir en una sección especial para jóvenes en los recintos penitenciarios, en las cárceles comunes”, evitando que convivan con menores de 14 o 15 años en centros de detención juvenil.
- Fin al “borrado” de antecedentes: La indicación busca impedir que un joven que cometió un delito grave siendo menor pueda alegar una “irreprochable conducta anterior” al delinquir como adulto. Según Rabat, se busca evitar que en el futuro puedan alegar ese atenuante al “impedir que se configure esa situación” en su historial.
- Límite a la libertad condicional: Se establecerán condiciones más estrictas para optar a regímenes de libertad, determinando que un condenado por delitos graves “no va a poder optar a un régimen de libertad si no está cumplido cierto espacio de la pena”.
Equilibrio entre sanción y reinserción
Pese al consenso mayoritario sobre la necesidad de señales claras ante el crimen organizado y delitos violentos, senadoras como Claudia Pascual y Beatriz Sánchez advirtieron que la reforma parece “precipitada”, considerando que el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil terminó de implementarse apenas este año.
Por su parte, los autores de la iniciativa, como los senadores Andrés Longton y Camila Flores, insistieron en que el sistema debe buscar una proporcionalidad real entre el daño causado y la pena aplicada. En ese sentido, Rabat descartó de plano bajar la edad de responsabilidad penal, argumentando que bajo los 14 años el enfoque debe ser puramente preventivo y de reinserción, dado el bajo registro de infractores en ese tramo etario.
Con el compromiso de estas indicaciones, la Comisión de Constitución iniciará el estudio en particular de una ley que pretende, en palabras del Gobierno, evitar la “contaminación criminológica” y asegurar que quienes cometan delitos de alta connotación social enfrenten sanciones efectivas.
