La exministra de Seguridad presentó una solicitud de reconsideración para anular el dictamen que calificó de “ilegal” su requerimiento de información reservada a la PDI. En el recurso, Steinert acusa al organismo dirigido por Dorothy Pérez de invadir facultades exclusivas del Ejecutivo y de interpretar erróneamente el deber de abstención, transformando su trayectoria como fiscal en una supuesta inhabilidad.
La controversia administrativa que marcó la salida de María Trinidad Steinert del Ministerio de Seguridad Pública entró en una nueva fase de tensión jurídica. A través de una presentación de 24 páginas, consignado por Radio Bio Bio, la exautoridad solicitó formalmente a la Contraloría General de la República (CGR) que reconsidere y deje sin efecto el Dictamen N° D344, el cual concluyó que Steinert actuó fuera de sus atribuciones al solicitar antecedentes sobre el movimiento de personal en una brigada de la PDI vinculada a la investigación del “Clan Chen”,.
El trasfondo de la disputa se remonta al Oficio Reservado N° 28, enviado por Steinert poco después de asumir la cartera. En dicho documento, la entonces ministra pidió explicaciones sobre el traslado de funcionarios que participaban en una indagatoria contra el crimen organizado en Iquique, la misma que ella había liderado en su rol previo como fiscal regional de Tarapacá,. Para la Contraloría, este cruce de funciones vulneró el deber de abstención y excedió las competencias del nuevo ministerio.
La defensa de la potestad ministerial
El eje central de la ofensiva de Steinert apunta a que la Contraloría habría “invadido la esfera del mérito” de una decisión administrativa, realizando un juicio de conveniencia y no de legalidad. Según el escrito, el organismo fiscalizador no logró identificar una infracción legal concreta, sino que simplemente cuestionó el nivel de detalle de la información solicitada.
Steinert sostiene que su actuar está amparado por la Ley N° 21.730, que creó el Ministerio de Seguridad Pública. Según plantea en su recurso, el artículo 3 de dicha normativa faculta expresamente a la autoridad para requerir antecedentes, “aun si tienen el carácter de secretos o reservados”, siempre que se mantenga el deber de confidencialidad. Por ello, argumenta que el oficio enviado al director general de la PDI, Eduardo Cerna, se ajustó al conducto regular y a las nuevas facultades legales que el dictamen de Dorothy Pérez ahora estaría debilitando,.
De fiscal a ministra: ¿Idoneidad o conflicto de interés?
Uno de los puntos más agudos del reclamo de Steinert es el rechazo al reproche por no haberse abstenido en el caso. La exministra califica como un error jurídico que se considere su pasado como persecutora penal como un factor de inhabilitación. Para Steinert, su experiencia en el combate al crimen organizado en el norte no representa un interés particular, sino que es un “título de idoneidad” para el cargo.
En esa línea, advierte que la interpretación de la Contraloría sienta un precedente peligroso, pues implicaría “impedir que exfiscales, jueces o policías” puedan asumir cargos de alta dirección pública en materias de seguridad por el solo hecho de conocer el área de su competencia. Además, subraya que nunca existió un beneficio personal o patrimonial en su requerimiento de información.
Nuevos antecedentes y falta de debido proceso
Para reforzar su postura, el recurso incorpora declaraciones recientes de Eduardo Cerna, director de la PDI ante el Congreso, quien confirmó que los traslados de personal fueron “decisiones exclusivamente institucionales” y no imposiciones del ministerio. Con esto, Steinert busca demostrar que su oficio solo buscaba transparencia sobre una decisión policial y no una intervención en la autonomía de la institución.
Finalmente, la exautoridad acusa una situación de indefensión, reclamando que el dictamen fue notificado a los diputados denunciantes y a otros organismos, pero no a ella directamente, a pesar de ser la principal aludida por el reproche personal. De manera subsidiaria, Steinert pide que, en caso de no anularse el dictamen, se aclare que el reparo solo alcanza a una fracción de la información solicitada y que no se traduzca en una declaración de responsabilidad personal en su contra.
