El Juzgado de Garantía decretó la prisión preventiva para cuatro funcionarios de la institución y un civil tras acreditarse un esquema de internación de drogas y celulares. La investigación, liderada por el ente persecutor regional, reveló que los cobros por el ingreso de elementos prohibidos alcanzaban los $600 mil.
Una exhaustiva investigación dirigida por la Fiscalía Regional de Coquimbo, en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), permitió desarticular una organización criminal que operaba al interior del Centro de Detención Preventiva de Illapel. El operativo, denominado “El Dorado”, culminó con la detención de 16 personas y puso al descubierto una red de corrupción integrada por custodios que facilitaban el ingreso de sustancias ilícitas y tecnología al recinto penitenciario.
El procedimiento incluyó el allanamiento simultáneo de 21 inmuebles en las comunas de Illapel, Salamanca, Quilicura y Tomé. Durante las diligencias, equipos especializados de Gendarmería y la PDI incautaron diversos elementos prohibidos, entre los que destacan aparatos telefónicos, armas blancas, drogas y licor artesanal.
El esquema de coordinación y pagos
De acuerdo con los antecedentes presentados por el Ministerio Público, la banda funcionaba mediante una cadena de coordinación externa e interna. En el exterior, sujetos civiles se encargaban de conseguir las drogas y coordinar las entregas con los funcionarios públicos. Una vez que los gendarmes ingresaban clandestinamente los productos a la cárcel, estos eran “distribuidos por internos de confianza” al resto de la población penal.
La rentabilidad del negocio ilícito era alta. Las indagatorias establecieron que los funcionarios recibían pagos directos por la internación de los objetos, detectándose que uno de los imputados “habría cobrado hasta 600 mil pesos por la adquisición de ciertas sustancias y teléfonos”.
Formalización y medidas cautelares
En la audiencia realizada ante el Juzgado de Garantía de Illapel, la Fiscalía formalizó a los involucrados por diversos delitos de alta gravedad. Según precisó el ente persecutor, “quedaron acreditados por ahora asociación criminal contra cinco sujetos, cuatro de ellos custodios y un civil; tráfico de drogas a dos mujeres, un hombre y cuatro custodios; y cohecho a cinco funcionarios”.
Tras ponderar los antecedentes y la gravedad de los hechos, el tribunal decretó la prisión preventiva para cuatro de los gendarmes implicados, por considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad. Un quinto funcionario, en tanto, quedó bajo la medida de arresto domiciliario total y con la prohibición estricta de comunicarse con los demás imputados.
Los funcionarios fueron inmediatamente desvinculados de Gendarmería tras conocerse su participación en los hechos. El tribunal fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación, periodo en el cual la Fiscalía de Coquimbo buscará consolidar las pruebas sobre el alcance de esta red de corrupción en la zona sur de la región.
