El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, determinó que un control intrusivo realizado en enero de 2026, tras el hallazgo de droga en un baño del Ministerio Público, no vulneró “derechos fundamentales”. En el contexto de una demanda presentada por la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público, que acusó tratos “denigrantes” durante el operativo. El Fiscal Nacional Ángel Valencia y el ministro de Seguridad Martín Arrau defendieron el procedimiento.
Lo que comenzó como un procedimiento interno, terminó escalando a un complejo conflicto jurídico en los tribunales laborales. La controversia se originó tras la decisión del fiscal nacional, Ángel Valencia, de ordenar un inédito operativo de búsqueda de sustancias ilícitas con perros detectores de droga al interior del edificio de la Fiscalía Nacional el pasado 23 de enero de 2026.
Según información publicada por Radio Bío Bío, la medida fue una respuesta directa al hallazgo de restos de cocaína en uno de los baños de la Fiscalía Centro Norte ocurrido apenas dos días antes. El operativo, ejecutado por el OS7 de Carabineros, incluyó el recorrido de canes especializados por pasillos, oficinas y espacios comunes, lo que gatilló una “rebelión interna” liderada por la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (ANFUMIP).
La denuncia por vulneración de derechos
El gremio de funcionarios interpuso una tutela laboral contra el organismo, acusando que el procedimiento constituyó una “vulneración de derechos fundamentales”. En la demanda, los trabajadores relataron episodios que calificaron como “denigrantes”, detallando que algunos perros marcaron pertenencias personales, lo que derivó en la apertura de mochilas y bolsos “en pasillos y oficinas, a la vista de sus pares y del personal policial interviniente”.
Para la asociación, se trató de un procedimiento de carácter policial aplicado de forma generalizada, pese a que “no mediaba indicio individualizado ni sospecha fundada” respecto de cada funcionario, tratándolos, en la práctica, como sospechosos.
El respaldo de la justicia y la defensa del CDE
La defensa del Ministerio Público fue asumida por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que solicitó el rechazo íntegro de la tutela. El organismo sostuvo que los hechos descritos por el gremio no eran efectivos y que el operativo se ajustó a las facultades legales de la institución, respondiendo a la necesidad crítica de “resguardar la confianza pública” en un organismo cuya función principal es, precisamente, perseguir el narcotráfico.
En un primer hito judicial favorable para la autoridad, el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago rechazó la medida cautelar solicitada por los funcionarios que buscaba impedir nuevos operativos. El tribunal determinó que “no existen antecedentes suficientes” para presumir una violación de garantías y validó que las actuaciones se ejecutaron “en el marco de sus propias facultades”.
Sin compromiso de no repetición
El conflicto laboral no terminó en una solución amistosa durante la audiencia de conciliación. La ANFUMIP propuso que la Fiscalía se comprometiera a no repetir este tipo de controles con perros antinarcóticos, propuesta que fue tajantemente rechazada por la representación del fiscal nacional.
Al no aceptar este compromiso, el Ministerio Público dejó abierta la puerta para que nuevos operativos se realicen en cualquier momento. Por su parte, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, luego de publicarse estos antecedentes, respaldó públicamente la decisión de Valencia, señalando que en instituciones de persecución penal “si hay algo que no se puede tolerar es la corrupción y la dependencia a las drogas”.
