El ministro Fernando Rabat detalló las indicaciones que el Ejecutivo ingresará al Congreso para reformar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. La propuesta contempla que un juez de garantía defina el sistema de juzgamiento para jóvenes de entre 16 y 18 años, además de endurecer las penas mediante la incorporación de la reincidencia como agravante.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos oficializó el contenido de las nuevas indicaciones que presentará ante el Legislativo para modificar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPD). El titular de la cartera, Fernando Rabat, descartó que el foco de la administración esté puesto en rebajar la edad de imputabilidad a los 13 años, señalando que el objetivo es abordar el fenómeno delictual mediante el endurecimiento de los criterios de juzgamiento y la tipificación de nuevas figuras penales.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación de un mecanismo procesal inédito en Chile, inspirado en modelos internacionales, que permitiría que ciertos adolescentes sean procesados bajo las reglas de la justicia adulta. Según explicó el secretario de Estado en Radio Pauta, se buscará establecer una audiencia preliminar donde la magistratura evalúe la trayectoria delictiva y la gravedad del hecho. Al respecto, Rabat sostuvo que “el juez de garantía (…) va a establecer si el joven entre 16 y 18 años (…) va a ser juzgado y eventualmente condenado conforme a las reglas de la justicia adulta”.
Reincidencia y tramo de 14 a 16 años
La iniciativa del Ejecutivo también apunta a corregir lo que consideran una omisión en la actual normativa respecto a la reiteración de conductas ilícitas. El ministro precisó que “la primera de ellas dice relación con establecer algo que no existía antes, que es la reincidencia o reiteración de delitos por parte de menores de edad, lo que va a permitir aumentar en ciertas circunstancias también la pena”.
En la misma línea, la propuesta legislativa contempla un incremento en los marcos rígidos de las sanciones para el tramo de adolescentes de entre 14 y 16 años que participen en delitos de alta connotación social, tales como los robos con violencia o intimidación. Esta medida busca dotar a los tribunales de herramientas que aseguren una respuesta punitiva más proporcional al daño causado, sin abandonar el enfoque de reinserción.
Responsabilidad parental y control de bandas criminales
La ofensiva judicial del Gobierno también aborda la situación de los menores de 14 años, quienes hoy son inimputables ante la ley. Para este grupo, se impulsará un régimen de “responsabilidad parental”, bajo la premisa de que es relevante “preocuparse de lo que está ocurriendo con jóvenes menores de 14 años que cometen hechos ilícitos”, vinculando la responsabilidad de los tutores legales en el proceso formativo y preventivo.
Finalmente, el ministro anunció que se otorgará suma urgencia a un proyecto de ley que crea un tipo penal autónomo para sancionar a las organizaciones criminales que reclutan menores para la comisión de delitos. En paralelo, se prevé una intervención en los centros de detención juvenil para que “Gendarmería tenga un control mayor”, especialmente en lo referido al flujo de visitas y encomiendas, fortaleciendo la seguridad perimetral e interna de los recintos.
