La Subsecretaría del Interior oficializó la reapertura de un sumario administrativo destinado a investigar presuntas irregularidades en la concesión de pensiones de gracia a personas afectadas durante el estallido social de octubre de 2019. La decisión, contenida en la resolución exenta número 5658, se fundamenta en un dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), organismo que impugnó el cierre del proceso llevado a cabo por la gestión anterior.
El subsecretario del Interior y ministro (s), Máximo Pavez, explicó que la medida responde a que el ente contralor detectó que la indagación disciplinaria previa “adolecía de determinadas dificultades” y había sido “mal sobreseída”, al no lograr individualizar responsables por las faltas detectadas. Según el dictamen de la CGR, una auditoría al proceso de otorgamiento reveló que este no se habría ajustado a derecho.
Foco en la responsabilidad administrativa
El objetivo central de esta nueva fase investigativa es determinar si los funcionarios a cargo de los expedientes, particularmente en la División de Acción Social (DAS), transgredieron las normas aplicables al sistema de pensiones de gracia. La fiscal designada para liderar el sumario tendrá plena autonomía para sustanciar el proceso y buscar sanciones para quienes otorgaron beneficios a personas que no contaban con antecedentes médicos o documentos de respaldo.
La autoridad detalló que existen al menos nueve casos específicos donde la pensión fue concedida en circunstancias que no correspondían por falta de acreditación. En este contexto, Pavez subrayó que el sumario busca “sustanciarlo como corresponde” para asegurar que los recursos públicos se utilicen correctamente.
Revisión integral de los beneficios
Más allá de la arista disciplinaria contra los funcionarios, el Gobierno inició una revisión exhaustiva de la totalidad de las pensiones vinculadas al estallido social. De un universo inicial de 418 beneficios, actualmente se mantienen activos 348, tras registrarse revocaciones y fallecimientos.
Esta revisión responde también a un acuerdo de la Cámara de Diputados y a solicitudes de parlamentarios del oficialismo, con el fin de certificar quiénes son las personas que efectivamente “merecen este tipo de gracia de parte del Presidente de la República”. Una vez concluido este análisis técnico, los resultados serán comunicados a la opinión pública, buscando separar la responsabilidad administrativa de los funcionarios de la legitimidad de los beneficiarios finales.
