Por Andrés Cuche, abogado socio de Cuche López
Cinco años fue el tiempo que tomó demostrar ante los tribunales que una empresa no había infringido derechos de propiedad intelectual ni industrial, pese a enfrentar una demanda que buscaba imponer una multa equivalente a 1.000 UTM, una indemnización de $50 millones y otras medidas adicionales. Primero, el tribunal civil rechazó íntegramente la acción y condenó en costas a la parte demandante. Después, la Corte de Apelaciones confirmó el fallo y volvió a imponer costas.
El caso parecía cerrado, pero quedaba una etapa más: determinar cuánto debía pagar la parte vencida por concepto de costas personales, es decir, los gastos asociados a la defensa jurídica de quien había ganado el juicio. La cifra fijada por el tribunal fue de $100.000. Ahora, más allá de este caso particular, ¿qué significa realmente ganar un juicio en Chile?
Cuando un litigio se prolonga por más de cinco años, exige la preparación de escritos, recopilación de antecedentes, comparecencias, alegatos y recursos ante tribunales superiores, resulta evidente que el costo de la defensa dista mucho de los montos que, en ocasiones, se regulan como costas personales.
En este caso, las pretensiones económicas de la demanda superaban los $121 millones. Los $100.000 regulados equivalen aproximadamente al 0,082% de esa cuantía. Esa suma, difícilmente, refleja la complejidad del proceso, el tiempo invertido o el trabajo profesional involucrado. Sin embargo, no se trata de cuestionar una decisión judicial específica ni de personalizar una crítica sobre el criterio de un determinado tribunal. La discusión es más profunda y merece ser abordada desde una perspectiva sistémica.
Las costas cumplen una función relevante dentro del proceso judicial. No solo buscan evitar que quien obtiene una sentencia favorable cargue íntegramente con los gastos que debió asumir para defender sus derechos, sino que también incentivan una litigación responsable. Cuando existe una diferencia demasiado amplia entre el costo real del juicio y las costas que eventualmente podrían imponerse, ese efecto práctico se diluye.
En otras palabras, quien demanda sin éxito enfrenta un riesgo económico mínimo, mientras quien se defiende exitosamente debe absorber la mayor parte de los costos de su representación. Luego, el sistema termina trasladando una carga significativa precisamente a quien tenía la razón jurídica, algo que adquiere especial relevancia en el ámbito empresarial.
Muchas compañías, especialmente pequeñas y medianas, deben evaluar no solo si cuentan con fundamentos suficientes para defenderse, sino también si podrán soportar el impacto financiero que implica sostener una larga disputa judicial.
El acceso a la justicia no consiste únicamente en poder acudir a los tribunales; también supone que ejercer el derecho a defensa no se transforme en una carga desproporcionada, incluso cuando el resultado sea favorable. Por supuesto, regular las costas nunca será una tarea matemática. Cada proceso tiene particularidades y corresponde a los tribunales ejercer su facultad prudencial. Sin embargo, ello no impide preguntarse si los criterios utilizados permiten cumplir adecuadamente con la finalidad para la cual la condena en costas fue concebida.
La confianza en la justicia también se construye a partir de estas señales. Cuando una persona o una empresa obtiene un fallo favorable después de años de litigio, la sensación que debería prevalecer es que el sistema funcionó correctamente. No que, pese a haber ganado, la victoria tuvo un costo económico prácticamente imposible de recuperar.
Ganar un juicio después de cinco años no debería significar que la parte vencedora cargue con casi todo el costo de haberse defendido. Tal vez ha llegado el momento de abrir esta conversación con mayor profundidad, para avanzar hacia un sistema más equilibrado, donde la litigación responsable, la proporcionalidad y la tutela judicial efectiva convivan de manera coherente.
