El Consejo de Defensa del Estado ingresó la acción penal ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago tras la declaración del fundador de Grupo Patio, quien admitió el pago de coimas al penalista mientras este ejercía como asesor del Ministerio del Interior. La arista apunta a gestiones ante el Minvu para revertir informes técnicos negativos y agilizar permisos inmobiliarios en Lampa.
El escenario judicial para el abogado Luis Hermosilla se tornó significativamente más complejo este lunes. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal en su contra y contra el empresario Álvaro Jalaff, imputándoles delitos de cohecho agravado, soborno y tráfico de influencias. El libelo apunta directamente a las maniobras realizadas para viabilizar el proyecto industrial Parque Capital, en la comuna de Lampa, gestiones que habrían involucrado pagos irregulares por cerca de $300 millones.
El hito que detonó esta ofensiva del CDE fue la reciente declaración de Álvaro Jalaff ante la Fiscalía Metropolitana Oriente. El empresario reconoció haber pagado millonarias sumas al penalista ,sin la emisión de boletas ni facturas, con el objetivo de aprovechar sus vínculos con autoridades del segundo gobierno de Sebastián Piñera. “Tomé conciencia de que Luis, en esa época, era funcionario público y que lo que yo le solicité y por lo cual le pagué era un delito”, declaró Jalaff ante el Ministerio Público, según consigna la querella.
El “espectacular” aterrizaje de Ward y las presiones internas
De acuerdo con el relato del organismo estatal, consignado en parte por Megainvestiga, Hermosilla habría utilizado su posición estratégica como asesor de Interior para interceder ante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Un antecedente clave son las conversaciones de WhatsApp donde el abogado celebraba la llegada de Felipe Ward a dicha cartera en 2020: “Ward en vivienda espectacular”, escribió a Jalaff, asegurando que ya trabajaban por “el tema pendiente”.
La querella detalla que el penalista desplegó una serie de gestiones que incluyeron reuniones en el domicilio particular del entonces ministro Ward y contactos permanentes con el seremi de Vivienda de la época, Manuel José Errázuriz. Estas maniobras habrían permeado la estructura técnica de la Seremi Metropolitana; funcionarios de la unidad de Desarrollo Urbano declararon haber recibido instrucciones para dar “máxima prioridad” al proyecto de los Jalaff, a pesar de que inicialmente existían informes desfavorables debido a restricciones normativas en la zona.
Finalmente, el bloqueo técnico fue revertido en tiempo récord: tras las presiones, se solicitó una nueva opinión jurídica que permitió aprobar los Informes Favorables de Construcción (IFC) el 10 de agosto de 2021, cuyos oficios fueron remitidos vía WhatsApp por el propio seremi a Hermosilla antes de ser firmados formalmente.
El factor “funcionario público” como nudo de la defensa
Para el CDE, existen “dos actos de corrupción” diferenciados: el tráfico de influencias por las gestiones ante la autoridad y el cohecho derivado de la recepción de los $300 millones. El pago se habría concretado en parcialidades entre 2019 y 2021, parte en efectivo y parte mediante la compensación de deudas que el abogado mantenía con la empresa de factoring Factop.
Jurídicamente, el punto de mayor conflicto radica en la calidad de funcionario público que revestía Hermosilla al momento de los hechos. Esta condición de comprobarse, podría agravar la figura penal y complica las posibilidades de la defensa, ya que no se le investigaría como un actor privado, sino como un agente del Estado que transó su influencia. Esta nueva arista, que se discutirá en una audiencia de formalización fijada para este lunes, podría derivar en la solicitud de medidas cautelares más gravosas debido a la reiteración de delitos y la gravedad de los antecedentes acumulados en el denominado Caso Audios.
