La paralización de las obras en la Región Metropolitana, gatillada por una resolución judicial, llevó al Ministerio de Justicia a activar un plan de contingencia en la Región de O’Higgins. La medida ya genera una fuerte resistencia de las autoridades locales, quienes acusan una falta de diálogo y critican que se pretenda convertir a la zona en el “patio trasero” de la capital.
La incertidumbre jurídica que rodea la expansión del recinto penitenciario Santiago 1 ha obligado al gobierno a buscar nuevas opciones para enfrentar la crisis de sobrepoblación en las cárceles. Ante el freno impuesto por los tribunales a los trabajos en la capital, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, confirmó que la administración ya maneja una opción de reemplazo para asegurar la disponibilidad de nuevas plazas.
El “Plan B” y el bloqueo en los tribunales
Actualmente, el proyecto en Santiago , que proyecta sumar cerca de 1.200 cupos, se encuentra suspendido por una medida precautoria mientras la Corte de Apelaciones resuelve el fondo de una discusión sobre la naturaleza de la iniciativa. El Gobierno defiende que se trata de una ampliación de un recinto ya existente y no de una construcción nueva, una postura que, según Silva, “obedece a una política no de Gobierno, porque esto viene de la administración anterior”.
Frente a este estancamiento, el subsecretario ratificó que la mirada se trasladó al bypass de la capital de O’Higgins: “Tenemos un plan B y sería Rancagua. En Rancagua, ustedes saben, hay una cárcel concesionada en el bypass. Ahí hoy día hay un proyecto de ampliación que, evidentemente, en el tiempo estaba más adelante. Ese sería el plan B”.
Resistencia transversal en O’Higgins
El anuncio no cayó bien en la zona, donde diversas autoridades manifestaron su rechazo tajante, acusando haber sido notificadas a través de los medios de comunicación. El gobernador regional, Pablo Silva, fue de los primeros en alzar la voz, calificando la propuesta como un “atropello a la descentralización” y asegurando que se opondrán de forma radical a cualquier nuevo recinto o expansión.
“Pensar que somos el patio trasero de Santiago para instalar una cárcel no corresponde para nada”, fustigó la autoridad regional, añadiendo que la capacidad del actual penal ya está al límite y que la presencia de internos de alta peligrosidad genera una constante inquietud en la comunidad.
En una línea similar, el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, criticó el manejo del Ejecutivo al señalar que “Rancagua no puede enterarse por televisión de una decisión que pueda afectar directamente a nuestra ciudad”. El jefe comunal instó a que el debate no se centre solo en la urgencia de plazas carcelarias, sino en el impacto que esto tiene en el desarrollo urbano y la seguridad de los vecinos.
Desde el legislativo, el senador Juan Luis Castro (PS) se sumó a las críticas calificando la idea como un “despropósito”. El parlamentario advirtió que no es aceptable que se pretenda usar nuevamente a la ciudad como foco de delincuencia bajo etiquetas de alta seguridad, asegurando que la iniciativa “no va a contar con el apoyo de nadie en la región”.
Por ahora, el futuro de la infraestructura penitenciaria depende de la resolución que emane desde el tribunal de alzada capitalino, mientras en Rancagua las autoridades locales exigen respeto y participación en una discusión que, a su juicio, afecta directamente su calidad de vida.
